El juicio a los golpistas catalanes del 1-O empezó ayer como era previsible, con más soflamas políticas que argumentos jurídicos por parte de los abogados defensores, y con un cuestionamiento de la imparcialidad del Tribunal infantilmente motivado y carente de fundamento.
No es preciso ser una lumbrera jurídica para sostener que los letrados de Oriol Junqueras y de los demás acusados en el banquillo exigen la nulidad del proceso sin alegar razón técnica alguna. La solidez de sus peroratas por la supuesta vulneración de derechos fundamentales fue nula.
Alegar que es un «proceso político», que se trata de una «causa general prospectiva», que los magistrados están contaminados ideológicamente hasta el punto de erigirse en «salvadores de la patria», o que los acusados han sido tratados como terroristas, es impropio de cualquier asistencia letrada solvente si su interés es salvar a sus clientes de penas de entre 7 y 25 años de cárcel.
Más pareció un conjunto de alegaciones a la desesperada para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene al Estado español por abusos inventados, que un discurso coherente en defensa de unos acusados que intentaron romper España pisoteando la Constitución, jactándose de vulnerar la legalidad, y desobedeciendo expresamente a nuestros Tribunales.
Si Junqueras y sus cómplices del golpe de Estado quieren afrontar el juicio desde un absurdo victimismo procesal, no pueden estar más equivocados. Ya lo intentaron en su día Artur Mas o Francesc Homs en un proceso penal con acusaciones infinitamente más leves y resultaron condenados e inhabilitados. El Tribunal Supremo no es lugar para mítines.
Los abogados exigieron anular algunas pruebas aportadas a la causa para evitar que pueda demostrarse la existencia de violencia en el delito de rebelión, y lamentaron que no comparezca Su Majestad el Rey. También plantearon el absurdo de que Carles Puigdemont -procesado y huido, y al que solo debería escucharse en la condición de acusado- sea interrogado como testigo desde Bruselas, y se afanaron en trufar cada argumento con connotaciones espurias sin siquiera darse cuenta de que invocaban como una conducta ejemplar lo que no fue sino la vulneración del derecho de los españoles a que nadie fracture su territorio.
De facto, se invocaba un derecho legítimo a romper la legalidad, lo cual es inaceptable. Joaquim Torra estuvo presente en la sala apoyando a los procesados.
Él está en libertad y nueve de los doce acusados, en prisión, amén de seis fugados. Y si está en libertad es porque de momento no han violado flagrantemente la ley. La diferencia entre Torra y los demás no es política.
Es estrictamente penal, y precisamente tener sentado en la sala de juicios, y en plena libertad, a Torra demuestra que no es un proceso político en ningún caso. El argumento para no tener que anular el juicio lo ofrece el propio separatismo con su incoherencia, su sectarismo y sus mentiras.
