Pedro Sánchez se pasa la democracia por la entrepierna. El presidente socialista está incurriendo en una práctica electoralista obscena e inédita en España.
Su decisión de utilizar el periodo previo a las elecciones para aprobar decretos propagandísticos y comprometedores del déficit público solo tienen la finalidad de utilizar el Consejo de Ministros como si fuera una sucursal de Ferraz y, lo que es peor, con el dinero de todos los españoles.
Sánchez está haciendo campaña a favor del PSOE con pólvora del rey, y tiene toda la lógica que la oposición esté cuestionando esta práctica de tintes antidemocráticos y lo denuncie ante la Junta Electoral. Las últimas semanas de Sánchez en La Moncloa recuerdan a los últimos meses del Gobierno de Zapatero, aunque es cierto que el expresidente socialista no se atrevió a tanto como pervertir el sentido excepcional de los decretos, su utilidad pública y su carácter de urgencia.
Sánchez ha dado una vuelta de tuerca a la capacidad legislativa del Estado a favor del PSOE con un sentido patrimonialista y abusivo de la presidencia del Gobierno. Hay que recordar que Zapatero aprobó los llamados «cheques bebé» o el «Plan E» de obra pública para que después Europa amenazase a España con el famoso «rescate» financiero y le obligase a congelar las pensiones por primera vez en nuestra historia, o a bajar el 5 por ciento del sueldo a los funcionarios.
El despilfarro electoralista, como la ideologización sectaria del interés público a través de la memoria histórica, el feminismo mal entendido o las cesiones al nacionalismo, tienen consecuencias.
Más allá del debate jurídico sobre la legalidad o no de las medidas de Sánchez una vez disuelto el Parlamento, sus «viernes sociales» van a ser dudosamente legítimos. Los datos son que Sánchez concurrirá a las urnas con 126.000 parados más que cuando entró en el Gobierno, que su gestión ha ralentizado nuestra economía, y que la aprobación del alza del salario mínimo interprofesional está afectando a la creación de empleo.
Además, a Zapatero no le salió bien la jugada: el PP ganó por mayoría absoluta porque la ciudadanía creyó en algo más que la propaganda electoralista. Sánchez no debería argüir como excusa para aprobar sus decretos el hecho de que la mayoría «derechista» de la Mesa del Congreso haya paralizado decenas de iniciativas legislativas.
La mayoría de esa Mesa se correspondía con lo que votaron los españoles en 2016, y obviar ese dato es manipular la realidad. Lo que pretende Sánchez, por legal que sea, es saltarse los mecanismos legítimos de selección de proyectos legislativos que quisieron los españoles en las urnas. No deja de ser una trampa más de las muchas a las que nos ha acostumbrado Sánchez en busca de subterfugios para tratar de ganar las elecciones.
