LA Generalitat catalana está demostrando con creces por qué en su momento reclamó las competencias autonómicas para el control de la política penitenciaria, por qué exige una Justicia propia más allá de sus anhelos separatistas, y por qué el Estado se ha equivocado tanto con sus constantes cesiones al nacionalismo catalán durante décadas.
Con el PSOE en el Gobierno, y con el PP, también. Oriol Pujol, ex secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña e hijo de Jordi Pujol, ha sido privilegiado por la Generalitat con la concesión del tercer grado penitenciario tras haber pasado solo dos meses en prisión, de los dos años y medio a los que fue condenado por corrupción institucional, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.
El agravio comparativo respecto a la inmensa mayoría de presos que cumplen su condena en España es evidente y escandaloso. Oriol Pujol pertenece a una familia de la élite del nacionalismo catalán, ha sido político en activo, fue condenado y sin embargo su estancia en la cárcel ha sido meramente testimonial.
Es cierto que deberá acudir a dormir cada noche a su celda, excepto los fines de semana, pero son decenas de miles los presos que desearían haber sido premiados con semejante regalo.
Antecedentes similares se produjeron años atrás, por ejemplo, con el influyente financiero Javier de la Rosa, cuando prácticamente la Cataluña política dependía de él para muchos turbios negocios en el «oasis» que siempre fue esa autonomía.
La concepción que tiene la Generalitat de la Justicia es tan arbitraria que la convierte en injusticia. Joaquim Torra anunció ayer que se querellará por prevaricación contra los miembros de la Junta Electoral Central tras haberse mofado de ella con los lazos amarillos y las esteladas.
Además, Torra no considera legítima a la Sala Penal del Tribunal Supremo que juzga a los cabecillas del golpe del 1-O. Y sin embargo, excarcela a un delincuente amigo del «clan» que no ha cumplido ni siquiera una mínima parte de su pena. Así de abusiva es la justicia «a la catalana» cuando se trata de «uno de los nuestros».
Es la perversión de la ley elevada a su máxima potencia, y la confirmación de que una Cataluña hipotéticamente independiente sería idéntica a una república bananera en la que el enchufismo, el amiguismo y el nepotismo en la ejecución de las sentencias serían una constante.
No solo no habría una justicia independiente en esa Cataluña separada de España, sino que además la Generalitat sustituiría a cualquier Tribunal arrebatando todo atisbo de autoridad a los jueces.
Algo muy similar a lo que ocurre en Venezuela, entre otros países. Exactamente para esto exigió Cataluña la competencia exclusiva en materia penitenciaria. Para hacer y deshacer a su antojo y para sustituir las sentencias judiciales firmes y justas por órdenes políticas impuestas con criterios autoritarios.
