La feliz noticia de la detención del asesino de niños Josu Ternera lleva como sombrío telón de fondo la liebre que levanta este 17 de mayo de 2019 el veterano Manuel Cerdán en OKdiario: el terrorista podría haber sido encarcelado mucho antes (Repulsivo Eguiguren, este es tu «héroe» Ternera: 21 muertos en Hipercor y otros 11 en un cuartel de la Guardia Civil).
Si en el año 2011, con Zapatero como presidente del Gobierno y el PSOE pringado en una asquerosa negociación con la banda terrorista, esta detención finalmente no se produjo fue debido -según las pesquisas de la juez francesa Laurence Levert- a que Ternera recibió un chivatazo telefónico que le permitió huir de un apresamiento inminente (El titular de la BBC sobre ‘Josu Ternera’ es para cagarse en la madre que los parió).
Todo indica que detrás de esta llamada estaban los servicios secretos españoles que, a su vez, cumplían órdenes del Gobierno socialista, en negociación por entonces con la banda terrorista ETA (La impactante foto del senador de VOX con sus tres niños asesinados por Josu Ternera).
Sobre la figura de este histórico criminal con decenas de muertes a sus espaldas se han entrecruzado dos líneas, la actuación política y la actuación policial, que en todo Estado de Derecho han de estar estrictamente delimitadas y separadas.
No cedemos al maximalismo naif cuando sostenemos que, ante individuos del jaez de Ternera, todo lo que hay que hacer -con el máximo de intensidad judicial y policial posible- es perseguirlos, detenerlos y encarcelarlos.
No caben aquí cambalaches políticos porque una democracia, por definición, nada tiene que negociar con delincuentes. Hacerlo -es decir, desvirtuar el sentido de la política para detener una actuación policial- implica dar pie a que sobre la agenda pública se imponga un siniestro juego de intereses.
Su resultado es por todos sabido: se resiente la elemental virtud de la justicia que sostiene todo nuestro edificio constitucional, mientras que los terroristas ganan tiempo, prebendas y legitimidad para sus crímenes.
En la lucha de los Gobiernos españoles contra ETA hubo episodios que han mermado la confianza de los ciudadanos en el rigor y transparencia de nuestro sistema democrático. La detención de Ternera, y todo el proceso judicial que vendrá a continuación, será la ocasión perfecta para demostrar que estas zona de sombra son parte definitiva del pasado.
