Como reza el clásico, es para miccionar y no echar gota. Pedro Sánchez, ese que pone las líneas rojas a su antojo, va a permitir un auténtico esperpento y un desdoro para las víctimas del terrorismo.
De no torcerse nada este 2 de agosto de 2019 (y todo parece indicar que nada hará cambiar el rumbo de los acontecimientos) María Chivite será presidenta de Navarra con el apoyo condicionado de Bildu, la marca política de ETA.
Una de las primeras medidas de esta nueva jefa del Ejecutivo navarro es poner en marcha y darle contenido y actividad a la Ley de ‘Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’.
Este marco legal permitirá indemnizar con hasta 150.000 euros a quienes obtengan la consideración de «víctima» de abusos policiales.
Esa condición estará en manos de una comisión de perfil altamente político en la que Bildu podrá imponer a sus miembros y vetar a los de otras formaciones.
Según informa Okdiario,eEquiparando en las cuantías a las víctimas de ETA con sus verdugos -que se consideren víctimas de ‘torturas policiales’- estos tendrán derecho, según la Ley, al equivalente al 30 por ciento de las cantidades concedidas por la Administración General del Estado en los mismos supuestos.
Las indemnizaciones previstas para las víctimas del terrorismo van desde los 75.000 euros por «incapacidad permanente parcial» al medio millón en casos de «gran invalidez». Las ayudas por «incapacidad permanente absoluta» son de 180.000 euros y por «incapacidad permanente total», de 100.000 euros.
Mientras, la cuantía por fallecimiento asciende a 250.000 euros. En este caso, la Ley establece que tendrán derecho de resarcimiento su cónyuge o, en su caso, y por este orden, padres, nietos, hermanos o abuelos, además -en inexistencia de estos- de hijos de la persona conviviente y menores en acogimiento familiar o preadoptivo si dependían económicamente del fallecido.
De esta forma, las ayudas serán así de hasta 150.000 euros para casos en que se acredite una «gran invalidez» o 75.000 si se acredita el fallecimiento por las causas contempladas en la Ley.
La Ley entró en vigor en abril de 2019 y fue recurrida por Partido Popular y Ciudadanos.
