La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso se declaró este martes incompetente para investigar el patrimonio del presidente de la Cámara Baja, José Bono. Este acuerdo se adoptó con el voto favorable de todos los grupos que forman parte de este órgano, excepto del PP, que optó por la abstención pese a haber insistido durante semanas en que la Comisión del Estatuto del Diputado tenía competencias para abrir esa investigación.
La petición para investigar los bienes de Bono, que lleva la firma del abogado murciano José Luis Mazón, llegó a la Cámara el pasado mes de abril. Mazón, el mismo que llevó a Baltasar Garzón ante el Supremo por el caso del cobro de ayudas del banco Santander y que ha promovido la investigación judicial en el Tribunal de Cuentas sobre la medalla de Estados Unidos a José María Aznar, se dirigió a la Cámara tras publicarse las primeras informaciones sobre los bienes de Bono.
El escrito del abogado iba dirigido a la Mesa del Congreso, que no es competente para abrir ninguna investigación de este tipo. Ante esta eventualidad, el PP defendió con ahínco que el asunto se remitiese a la Comisión del Estatuto del Diputado. El tema se debatió hasta tres veces en la Mesa del Congreso, en ausencia de Bono, que no participó en la discusión por ser afectado directo.
En las dos primeras ocasiones, los diputados del PP abandonaron las reuniones, con lo que la Mesa se quedó sin el ‘quorum’ suficiente para votar y no pudo adoptar decisión alguna sobre el escrito. Ante esta situación de ‘bloqueo’, el PSOE decidió apoyar que el tema se derivara a la Comisión del Estatuto del Diputado, pese a estar convencido de que éste órgano tampoco puede investigar los bienes y propiedades de Bono.
BONO VUELVE A FACILITAR SU DECLARACION
Así, las cosas, el asunto se trató este martes en la Comisión del Estatuto del Diputado. Antes de la reunión el presidente de este órgano, el socialista Francesc Vallès, mantuvo un encuentro con Bono, que decidió poner a disposición de la comisión su declaración de bienes y la carta que sobre este tema remitió hace semanas al líder del PP, Mariano Rajoy.
Vallès llevó a la reunión toda la documentación, que fue consultada por algunos de sus miembros. «Hemos podido comprobar que todos los hechos que se imputan a Bono son falsos», comentó Vallès, quien elogió el «ejercicio de transparencia» del presidente del Congreso. El representante del PP Vicente Ferrer no leyó lo escritos de los que Bono ya informó hace semanas a la Junta de Portavoces del Congreso.
Al final todos los grupos, salvo el PP que se abstuvo, dieron por zanjado el asunto y apoyaron el acuerdo que les declara incompetentes tras analizar la documentación aportada por Bono y el informe jurídico que encargó Vallès. Ese texto determinaba que el Reglamento de la Cámara y del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) dejan claro que la Comisión del Estatuto del Diputado no es competente para investigar sobre la declaración de bienes de los diputados.
El Reglamento de la Cámara Baja establece que la Comisión del Estatuto del Diputado dictamina únicamente sobre las compatibilidades de las actividades extraparlamentarias de los diputados y no sobre su declaración de bienes. Las declaraciones patrimoniales están custodiadas por el presidente del Congreso y sólo se puede acceder a ellas a través de una autorización judicial.
NO DAR CARPETAZO
Según explicó el propio Vicente Ferrer a Europa Press, su formación sostiene que la comisión tiene competencia para investigar y se ha decantado por la abstención para no dar la sensación de que se quiere «dar carpetazo» a este asunto.
De hecho, los ‘populares’ alegan un precedente de 1990 en el que la Comisión del Estatuto del Diputado se constituyó en comisión de investigación para determinar si un parlamentario había incrementado su patrimonio haciendo uso de su condición de diputado, es decir, incurriendo en un delito de tráfico de influencias. El PP se reserva la opción de solicitar que ahora se haga lo mismo para el caso de Bono, si bien se enfrenta al problema de que esta investigación sólo abarcaría los dos años que el presidente lleva como diputado.
El presidente de la Comisión del Estatuto, que asume que este órgano es competente para decidir sobre suplicatorios, incompatibilidades y temas relacionados con el tráfico de influencias, destacó que, de optar por esa vía, el PP daría un paso más en su campaña contra Bono «imputándole directamente un delito» que antes habrían de denunciar ante los tribunales.
