El tribunal designado por las Cortes Generales para resolver la oposición que permitirá cubrir 30 plazas de ujier ha anulado la pregunta número 30 del test, por errónea, tras recibir varias impugnaciones de los aspirantes. La elaboración del cuestionario fue encargada a la empresa JRI, Laboratorio de Sistemas, S.L., que cobró cerca de 49.000 euros por su trabajo.
Las pruebas se realizaron el domingo 13 de junio en la Ciudad Universitaria de Madrid. A ellas concurrieron cerca de 18.000 aspirantes, que tuvieron que responder a 80 preguntas de un test psicotécnico y 120 de conocimientos teóricos sobre la Constitución, las Cortes Generales, el cuerpo de ujieres, el Gobierno, las comunidades autónomas y los partidos políticos.
Nada más acabar la prueba, decenas de opositores contrastaban sus opiniones acerca del examen. Y fueron muchos los que acabaron impugnando varias de sus preguntas. La número 30, en la que se preguntaba qué artículos abarca el Título III de la Constitución, ya ha sido declarada nula porque ninguna de las respuestas recogía que va del artículo 66 al 96. La más afinada era la que lo circunscribía del 66 al 92.
Esta no ha sido la única cuestión impugnada, también ha generado polémica la número 71, que pretendía saber quién nombra al presidente del Gobierno, o la número 55, que inquiere sobre el número de diputados necesarios para constituir grupo parlamentario.
El tribunal ha rechazado, por ejemplo, la impugnación sobre la pregunta 16, que versa sobre la «cuestión de constitucionalidad» en vez de sobre la «cuestión de inconstitucionalidad», que los impugnantes consideran más precisa.
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Las Cortes Generales adjudicaron en un «procedimiento negociado sin publicidad» el contrato de servicio para la gestión de esta oposición a la empresa salmantina JRI, Laboratorio de Sistemas, S.L. el pasado 11 de mayo.
El monto total del contrato es de 42.183,95 euros, más 6.749,43 euros de IVA. Es decir, se le adjudicó la tarea por un total de 48.933,38, euros que incluían la elaboración de la prueba de aptitud, la confección y edición de los cuadernillos de examen, la edición de las hojas de respuesta, su corrección mecanizada y la custodia, traslado y recogida de los exámenes.
JRI ofrece, según su página web, «soluciones científicas e integrales para la gestión fiable y automatizada de datos». Acredita «40 años de experiencia» en el sector y afirma tener «sistemas de trabajo únicos por su validez, fiabilidad y exclusividad» que les ha permitido ser «utilizados por numerosas Administraciones públicas y empresas privadas».
El malestar de los aspirante a ujier del Congreso y del Senado no se limitó a lo que consideraron, como mínimo, «imprecisiones» del cuestionario, sino también a la «falta de transparencia» del proceso de selección.
Fueron muchos los que al finalizar la prueba pidieron salir de ella con copia de las preguntas y de sus respuestas, una práctica habitual en la mayoría de las oposiciones que se realizan y un modo eficaz de que el aspirante pueda comprobar por sí mismo si su prueba ha sido corregida correctamente.
Sin embargo, esta no es una práctica incorporada a la tradición de las Cortes Generales, que impide a los opositores llevarse copia de su examen, lo que ha generado muchas protestas formuladas «in situ» el día del examen y también en los foros vinculados a esta oposición.
MÁS DE 500 VIGILANTES
El proceso de selección de ujieres de la Cortes suele ser uno de los más concurridos en número de aspirantes, lo que implica un fuerte dispositivo organizativo por parte de ambas Cámaras.
En esta ocasión los aspirantes se examinaron en 76 aulas de distintas facultades de la Ciudad Universitaria de Madrid. Para vigilarlos, acudieron un total de 564 personas, entre funcionarios, personal laboral y trabajadores de las Cortes.
De ellos, 239 figuran como responsables en los listados del Congreso y los 325 restantes actuaron como vigilantes llanos. Todos ellos tuvieron que seguir un cursillo de formación y cobraron alrededor de 200 euros, los vigilantes, y casi 300, los responsables, cantidades a las que se aplicarán las correspondientes retenciones en función del tramo salarial del trabajador.
Las Cortes recaudaron más de 180.000 euros por los derechos de examen de los opositores, con lo cual los más 135.000 euros que costó esa tarea de vigilancia se cubren sobradamente.
