El ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, comparecerán este martes ante la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación irregular de CDC con fondos del Palau. La comisión decidió posponer su comparecencia, que en un principio estaba prevista para el 28 de junio, después de que la juez que instruye el caso del hotel del Palau decretara prisión provisional para los dos acusados.
Ayer mismo la ex secretaria de Millet, Elisabet Barberà, se ha negado a responder a las preguntas de los diputados de la comisión, alegando que ya ha colaborado con la justicia en los procesos judiciales abiertos.
En la misma línea, la hija de Jordi Montull y ex directora financiera del Palau, que compareció el pasado 28 de junio, también se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de los parlamentarios, recordando que está imputada en la causa, por lo que debía ser «cauta y respetuosa» con esta instancia judicial.
Millet y Montull salieron en libertad el 30 de junio, tras 13 días en prisión provisional comunicada y sin fianza por posibles delitos de apropiación indebida y tráfico de influencias en relación al proyecto urbanístico del hotel del Palau.
La esperada comparecencia de los dos acusados ante los diputados estaba prevista para el 28 de junio, aunque pocos días antes la comisión aprobó posponerla, a instancias del PSC, a la espera de que cambiase su situación procesal.
PIDIERON A SOLAZ NO COMPARECER
Ambos pidieron a principios de junio al juez Juli Solaz, que instruye el ‘caso Palau’, no comparecer ante la comisión. Su defensa aseguraba que la comisión no tiene delimitado su ámbito de actuación, lo que podría suponer «un serio riesgo» para la acción de la Justicia y provocar un «juicio paralelo, llevado a cabo por un órgano imparcial que puede condicionar la posterior actuación del juez».
Sin embargo el juez desestimó la petición alegando que no era competente. Según el auto, las peticiones sobrepasaban «claramente» el ámbito competencial del juez, ya que las formalidades de una comisión de investigación parlamentaria y un procedimiento penal son «claramente distintas, y legalmente no existe ningún impedimento para que actúen en paralelo».
El juez aseguró que «ambos procedimientos son independientes entre sí y ambas instituciones tienen perfectamente delimitados sus respectivos campos de actuación», y apuntó que él no puede determinar las personas que deben comparecer.
