El vicepresidente primero de la Comisión de Interior, Juan Luis Rascón, ha afirmado este miércoles que «todo apunta» que en la operación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, que el martes se saldó con la detención y posterior puesta en libertad del presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, y de varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela, existen «responsabilidades jurídicas».
En declaraciones a los medios antes de asistir al curso ‘Gran hermano nos vigila: ¿seguridad o recorte de libertades?’, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Rascón ha recordado que la Fiscalía «no tiene absolutamente nada que ver» con el Gobierno y ha asegurado que tiene la «misma vara de medir» con aquellas personas que son imputadas por una causa de corrupción «sean del color político que sean».
A su juicio, las detenciones del martes, aunque sólo fueran durante unas horas, demuestran que «algo de responsabilidad jurídica» hay. No obstante, ha pedido esperar a conocer cuáles son los datos que hay en su contra y tener «confianza» en la Justicia.
«Es evidente que ha habido una privación de libertad durante unas horas y es evidente que han salido de una comisaría con cargos. No sabemos si hay responsabilidad jurídica o no aunque todo apunta a que sí la hay porque algo debe de haber cuando unas personas que representan a una institución han sido detenidas, nada más y nada menos», ha recalcado.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Por último, preguntado por la necesidad de elaborar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el dirigente socialista ha reconocido que es una normativa «obsoleta» pero que ha sido estudiada por el Tribunal Supremo (TS) y es «perfectamente constitucional y legal».
«Está obsoleta porque es de finales del siglo XIX para regular la investigación criminal. Es una ley que seria conveniente rehacer y es una asignatura pendiente pero es la que ha estudiado el TS y es constitucional, perfectamente legal y la que se está aplicando por la policía», ha subrayado.
