La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias de investigación penal que abrió después de que le fuera remitido el escrito de denuncia del PP contra el presidente del Congreso, José Bono, por su elevado patrimonio, al entender que el nivel de sus posesiones es «normal» teniendo en cuenta «el volumen económico» que produce tanto el ex dirigente castellano-manchego como su esposa.
En un decreto firmado por el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo López, el Ministerio Público estima que los hechos denunciados por el PP no son constitutivos de delito, ya que «no se trata de incrementos patrimoniales no justificados, que fueron resultado de actividades ilícitas, ni tampoco de blanqueo de capitales ilegalmente adquiridos», sino que sus posesiones responden a su «muy alto» poder de «generar ingresos».
En el escrito, la Fiscalía afirma que, en su denuncia, sucesivamente ampliada en los últimos dos meses, el principal partido de la oposición aportó como prueba de sus insinuaciones «meras fotocopias de periódicos», sin señalar «el delito que presuntamente podría haber cometido el denunciado, limitándose genéricamente a señalar como posibles ‘delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública'».
El teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo ha decidido dar carpetazo a la denuncia del PP, tras ordenar un informe a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y tras recibir un informe del denunciado, el pasado 5 de julio.
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