El Pleno del Senado dará este miércoles el visto bueno definitivo a la reforma de su Reglamento para ampliar el uso de las lenguas cooficiales a partir del próximo año, aunque la medida se limitará al debate de las mociones y, según el objetivo de los parlamentarios, no supondrá ningún coste adicional.
La iniciativa ya superó la pasada semana todos los trámites previstos en la Comisión de Reglamento, donde además se rechazaron las enmiendas presentadas por el PP con el objetivo de vaciar de contenido la medida, a la que se opone totalmente. A juicio de los ‘populares’, la Constitución deja claro que el uso de las lenguas cooficiales debe limitarse al ámbito de su comunidad autónoma y sus instituciones.
Con ello, la ampliación del uso de las lenguas autonómicas saldrá adelante con los votos a favor de PSOE, Entesa, CiU, Senadores Nacionalistas y el Grupo Mixto. El objetivo de los senadores que presentaron la iniciativa iba más allá del texto final consensuado con el PSOE, aunque aceptan el resultado final para dar al menos un paso.
La reforma del Reglamento deja claro que el uso de todas las lenguas en el Pleno de la Cámara se limitará al debate de las mociones, con lo que quedan fuera las sesiones de control al Gobierno y el debate de iniciativas legislativas, y amplía también la posibilidad de usarlas en los textos que los parlamentarios dirigen al Senado.
SIN COSTE ADICIONAL
Además, fija su entrada en vigor el 1 de enero de 2011 con el objetivo de tener tiempo para reestructurar el presupuesto de la Cámara y evitar que suponga ningún coste adicional. Hasta ahora, el único foro que permitía el uso de las lenguas cooficiales era la Comisión General de Comunidades Autónomas, para la que se debía contratar a un total de siete traductores para cada una de sus sesiones con un coste de 6.500 euros.
Estas medidas consensuadas entre todos los grupos no han convencido al PP, que considera que la Cámara Alta representa a todo el pueblo español, por lo que su actuación debe realizarse «en términos que facilite la comprensión por todos los españoles». «Y por tanto, ha de desarrollarse en castellano», insiste en sus enmiendas.
A su juicio, en caso contrario, se estaría «hurtando a parte del pueblo español de la posibilidad de conocer, entender y comprender los términos en que se desarrolla el debate entre sus representantes».
