El diputado nacional por Cádiz y presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Salvador de la Encina, ha anunciado que este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, interpelará al ministro de Fomento, José Blanco, para que garantice la libre circulación de personas y mercancías entre La Línea de la Concepción (Cádiz) y Gibraltar, después de que el alcalde linense, Alejandro Sánchez (PP), haya anunciado su intención de aprobar una tasa de congestión, popularmente conocida como peaje a Gibraltar.
Según ha manifestado De la Encina en un comunicado, «no caben dudas» de que la propuesta del Ayuntamiento de La Línea «no es más que un modo para recaudar fondos ante la desastrosa gestión económica motivada por la nefasta gestión política del GIL-PP durante los últimos 12 años», descartando que su objetivo sea solucionar la congestión del tráfico.
Del mismo modo, ha aseverado que el referido «peaje» iría «contra las leyes nacionales y comunitarias», argumentando que el mercado único europeo consta de «cuatro libertades que se verían vulneradas: la de circulación de personas, mercancías, capitales y servicios».
Además, en el ámbito de la legislación española se verían vulnerados el artículo seis de la Ley de Haciendas Locales, que «prohíbe que se establezcan tributos locales municipales que supongan obstáculos a la libre circulación de personas, mercancías y personas, ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas o ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español».
Igualmente, en opinión del socialista, se vulnerarían los artículos 15.1 y 53.1 de la Constitución Española y el artículo 130 de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, ya que el Ayuntamiento linense «actúa fuera de su ámbito competencial, invadiendo el del legislador estatal y comunitario, al ser la libre circulación de personas y mercancías pilares básicos del Derecho Comunitario».
Finalmente, ha anunciado que en su intervención hará regencia a la plataforma constituida por el Grupo Antipeaje –integrada por representantes sociales, vecinales, sindicales, políticos y asociaciones de trabajadores españoles en Gibraltar– ya que entiende que «la necesidad recaudatoria de un municipio no justifica dicha medida por los perjuicios que supondría a los ciudadanos».
