La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, advirtió hoy a los parlamentarios de que la crisis económica «está poniendo a prueba nuestra convivencia y las instituciones que la encauzan, muy singularmente las que componen nuestra organización administrativa».
Cava de Llano compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del informe de 2009.
En su intervención, explicó a los parlamentarios que la crisis «impregna y repercute» en buena parte de las quejas recibidas por la institución, porque afecta a los derechos recogidos en la Constitución, especialmente a los económicos y sociales.
Durante el año pasado el Defensor del Pueblo recibió 22.287 quejas, de ellas 18.392 individuales, la cifra más alta para la institución, mientras que las colectivas sumaron 3.626, un descenso «notable» sobre el incremento que habían experimentado en el ejercicio anterior.
Además, la institución abrió de oficio 269 expedientes, y todo ello permite concluir que el Defensor del Pueblo mantiene su actividad «en los niveles más altos» de su historia.
Madrid fue la comunidad autónoma más generadora de quejas, en virtud de uno de los factores que determinan esa actividad, que es la cercanía a la institución. Otro de esos factores es el número de habitantes, y por ello le siguen Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Galicia.
Las quejas del exterior sumaron 325, procedentes sobre todo de Reino Unido, Francia y Alemania, desplazando a las que llegan de Argentina, Colombia y Marruecos, lo que se relaciona con el descenso de flujos migratorios de esos países.
La crisis, explicó, ha hecho que las investigaciones se gestionen sobre todo en la administración económica, que ya estaba «sobrecargada de expediente», y por detrás las áreas de Sanidad y Política Social, Función y Empleo Públicos, Justicia y Violencia Doméstica, Ordenación Territorial, Defensa e Interior, Educación y cultura, e Inmigración y Asuntos Exteriores.
No obstante, precisó que han crecido las investigaciones relacionadas con justicia, urbanismo, vivienda, medio ambiente y cuestiones planteadas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Durante el año 2009 el Defensor del Pueblo emitió 533 resoluciones, la mayor parte de ellas recomendaciones o sugerencias a los poderes públicos, con un grado de aceptación por parte de los mismos que supera el 70%, y siete normas legales fueron objeto de peticiones de interposición de recurso de inconstitucionalidad o amparo.
A pesar de ese nivel de aceptación de las recomendaciones por parte de los poderes públicos, la Defensora del Pueblo denunció que algunas administraciones siguen siendo «poco colaboradoras» con la institución, y propuso por ello a la Comisión Mixta que convoque a sus responsables para que expliquen los motivos de su comportamiento.
Ello serviría, argumentó, para ejercer una labor «disuasoria» sobre esas administraciones y para intentar lograr de ellas lo que por otras vías parece «más complicado».
