Ocho partidos apoyarán a Bono para publicar los bienes de los parlamentarios y limitar sus compatibilidades

Ocho partidos políticos animarán a los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, a dar transparencia al patrimonio y las rentas de los parlamentarios, y no sólo a sus actividades extraparlamentarias, que son públicas desde hace un año, y a reforzar el vigente régimen de incompatibilidades. No existe la misma disposición sobre los complementos de pensiones que las Cortes tienen previsto para diputados y senadores una vez que alcancen la edad de jubilación.

Después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, pidiera el pasado fin de semana suprimir las pensiones parlamentarias por considerarlas «un privilegio», Bono y Rojo decidieron enviar sendas cartas a los partidos políticos instándoles a que en el plazo de quince días les remitieran sus propuestas sobre este asunto.

Pero, además, los presidentes de ambas cámaras pusieron encima de la mesa la necesidad de debatir sobre el actual régimen de incompatibilidades de los parlamentarios y la posibilidad de dar más transparencia al patrimonio privado de diputados y senadores.

MAXIMA TRANSPARENCIA

Partidarios de hacer público el patrimonio y los ingresos de todos los diputados y senadores se han mostrado el PSOE, el PNV, Esquerra Republicana (ERC), IU, ICV, Coalición Canaria (CC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

En concreto, los socialistas propondrán que diputados y senadores estén obligados a dar publicidad a todos sus bienes, incluyendo los ingresos y las rentas que reciban «por cualquier concepto», y a su patrimonio mobiliario e inmobiliario.

El propio José Bono ya ha avanzado su apuesta por publicar las declaraciones de bienes y de rentas pues de hecho ya lo llevó a cabo en Castilla-La Mancha cuando era presidente autonómico. «Creo que esa posibilidad puede resultar de interés para quienes deseamos el mayor nivel de transparencia –explicó ante los periodistas–. Es decir, para quien nada tenemos que ocultar y para que no haya zonas de sombra».

También el grupo parlamentario que conforman ERC e IU-ICV, al igual que los nacionalistas gallegos y la diputada de UPyD, Rosa Díez, se han mostrado partidarios de dar «la máxima transparencia» a los intereses privados de los parlamentarios porque, según arguyen, eso ayudará a mejorar el respeto por la clase política, tan vilipendiada en los últimos años.

Más cauto en este punto se ha mostrado el diputado de UPN, Carlos Salvador, quien pese a ver con buenos ojos el hecho de dar a conocer los bienes de los parlamentarios, cree que «la excesiva publicidad» puede ser «contraproducente» amén de la existencia de la banda terrorista ETA. «Conviene conciliar intereses», ha indicado.

DEDICACION EXCLUSIVA AL ESCAÑO

Con respecto al vigente régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, el PSOE no ha especificado si apoyaría su posible reforma, al contrario de la izquierda parlamentaria, el PNV, el BNG y UPyD, que defienden la necesidad de limitar las actividades de los diputados y senadores quienes, a su juicio, deberían tener dedicación exclusiva al escaño por el que han sido elegidos.

Concretamente, los nacionalistas vascos recalcan que quien cobre un sueldo público no debería tener dobles o terceros sueldos de la actividad privada, ni de los partidos políticos o de las fundaciones, y tampoco compatibilizar dos retribuciones públicas.

Desde UPN, Salvador aboga por comenzar a estudiar las incompatibilidades en las que podrían incurrir aquellos diputados y senadores que compatibilizan su escaño con la Alcaldía de un municipio.

Tanto Coalición Canaria como los nacionalistas catalanes de CiU entienden, en cambio, que no hay motivo para derogar la vigente compatibilidad legal entre alcalde y diputado pues enriquece al Parlamento, aunque sí tienen claro que sólo debería percibirse uno de los dos sueldos públicos.

Bono ya ha recordado que, conforme al Reglamento del Congreso, los diputados deberían ejercer su labor parlamentaria «en régimen de dedicación absoluta». «¿Qué es más grave, complementar una pensión cien euros o aceptar una compatibilidad de millones de euros? –se pregunta–. Depende de quien lo mire y quién lo juzgue».

MAS MATICES CON LAS PENSIONES

Respecto a los complementos de pensión, que hasta hace una semana sólo cuestionaba públicamente la diputada de UPyD, Rosa Díez, las opiniones de los grupos parlamentarios son más matizadas. La revisión de este sistema era el único tema que pensaba plantear el PP tras la propuesta lanzada por Mariano Rajoy, tachado de «oportunista» y «populista» por el resto de formaciones.

En todo caso, los socialistas no quieren eliminar sin más el actual modelo de pensiones parlamentarias sino que busca estudiar si realmente existen situaciones de «privilegio» y proponer vías para cortarlos. Eso sí, teniendo en cuenta que puede darse el caso de diputados que necesiten esa prestación y a los que no se les puede dejar «tirados en la calle», como aseguró su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso.

Desde ERC e IU-ICV critican que se pretenda plantear los complementos de pensión parlamentarios como «la desaparición o no de un privilegio». Joan Ridao recuerda que son «muy pocos» los parlamentarios que han accedido a esta prestación, mientras que Gaspar Llamazares defiende que los diputados no han de tener privilegios «pero tampoco perjuicios» por su actividad.

Desde el PNV se defiende la necesidad de llevar a cabo «un ajuste riguroso» del sistema de complementos de pensiones. Eso sí, recalcan que debería estudiarse caso por caso y mantener esa prestación para quienes no pudieron cotizar a la Seguridad Social por encontrarse en el exilio.

AJUSTE «RIGUROSO»

Parecido argumento esgrimen los portavoces de CC y BNG en el Congreso, Ana Oramas y Francisco Jorquera, quienes defienden la necesidad de «acotar» los complementos de pensión de los parlamentarios, sin olvidar el fundamento por el que se decidió establecerlos y facilitar el tránsito de la vida pública a la privada.

El portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, está dispuesto a estudiar una revisión pero insiste en que el coste de los complementos de pensión es «insignificante» para el Presupuesto de las Cortes Generales.

Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, remitirá una nueva carta a Bono en la que le recordará las iniciativas que en este sentido ha venido planteando sin éxito a las Mesas conjuntas del Congreso y del Senado, así como el contenido del voto particular que sobre esta cuestión presentó a las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo.

Esa iniciativa, que sólo recabó el apoyo de Unión del Pueblo Navarro (UPN), además de la eliminación de los complementos de pensiones a diputados y senadores, pedía al Gobierno regular la protección social de los parlamentarios para incluirlos en el régimen de Seguridad Social común a todos los ciudadanos, un planteamiento que apoyan los nacionalistas canarias.

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