IU-ICV reta al Gobierno a frenar el «boicot» a la ley anulando juicios sumarios y asumiendo las exhumaciones

Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds quieren el Gobierno aproveche el «poco tiempo» que queda de legislatura para poner fin al «boicot» que, desde su punto de vista, se está haciendo desde distintos ámbitos, incluido el propio Ejecutivo, a la conocida como Ley de Memoria Histórica y que lo haga cambiando esa norma para declarar «nulos de pleno de derecho» los juicios sumarios del franquismo y asumir la responsabilidad de las administraciones públicas en la exhumación de los restos de víctimas el franquismo que aún se encuentran en fosas comunes.

Para acabar con este «boicot» denunciado por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, han registrado en el Congreso una proposición de ley de reforma de la norma aprobada en 2007 con la que persiguen que se aclaren las «ambigüedades» que, desde su punto de vista, se incluyeron deliberadamente en la ley por la «tibieza» del Ejecutivo socialista.

La reforma que plantean, y que han presentado junto al ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, afecta a cuatro artículos de la Ley de Memoria. En uno de ellos apuestan por que la norma declare «nulas de pleno derecho» las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura.

NULOS DE PLENO DERECHO

IU e ICV recalcan que han de anularse por la «ilegitimidad de los tribunales» que las emitieron y «los vicios de forma y de fondo y la ilegimitidad de las normas aplicadas» para su aprobación. La Ley de Memoria Histórica ya declara la ilegitimidad de aquellos tribunales franquistas y de las leyes en la que se basaron, pero no declara su anulación de pleno de derecho.

Según ha recordado Jiménez Villarejo, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se ha pronunciado contra la revisión específica del consejo de guerra por el que se condenó a muerte al que fuera presidente de la Generalitat catalana Lluis Companys argumentando que, según la ley, esa sentencia ya ha sido declarada ilegítima.

Lo que quieren IU-ICV es que esos fallos puedan ser revisados y anulados porque consideran una «obviedad» limitarse a decir que son injustos e ilégítimos, habida cuenta de, en palabras de Jiménez Villarejo, «todo el mundo sabe que la Justicia franquista era «una farsa» y que esos tribunales estaban compuestos por «grupos de facciosos ilegítimos, dependientes y parciales».

«BASTA DE ARTIMAÑAS»

«Basta de artimañas de leguleyos», ha demandando Jiménez Villarejo, quejándose de que antes de la aprobación de la Ley de Memoria se rechazasen las revisiones de estos juicio alegando que no había una norma que las sustentase y ahora que sí hay base legal se diga que con eso basta.

Tras recordar que recientemente el Tribunal Supremo también ha vetado la revisión de la condena a muerte al poeta Miguel Hernández, ha aludido a los votos particulares emitidos ante distintas peticiones de revisión por magistrados discrepantes y ha invitado al Gobierno a analizar ese material doctrinal, en el que se sostiene que no hay «causa legal válida y suficiente» que impida las revisiones.

Esas revisiones serían imposibles de vetar, según Llamazares, si la ley declara directamente «nulas de pleno derecho» esas sentencias, lo que permitiría que todos los condenados por motivos políticos durante la dictadura dejasen de ser legalmente «delincuentes y rebeldes».

EXHUMACIONES EN TERRENOS PRIVADOS

La proposición de ley de IU-ICV también busca que las administraciones públicas «asuman las actividades de indagación, localización e identificación» de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, en colaboración –también con subvenciones– con las entidades que trabajan en este ámbito, mediante planes de trabajo concretos y el apoyo expreso del Ministerio de Justicia y el Instituto de Medicina Legal.

Para garantizar esa colaboración institucional y una adecuada intervención para las exhumaciones piden la elaboración de un protocolo de actuación científica y multidisciplinar y recogen incluso la posibilidad de que se puedan ocupar temporalmente terrenos de titularidad privada donde haya restos de víctimas, con las correspondientes indemnizaciones.

Por último, Jiménez Villarejo se ha referido a la polémica sobre el Diccionario Biográfico español de la Real Academia de la Historia. El ex fiscal ha achacado los «elogios» que se hacen a Franco en ese diccionario a la «equidistancia entre vencedores y vencidos» que, a su juicio, se hizo en la Transición.

«Hay que acabar con la equiparación entre demócratas y facciosos», ha comentado Jiménez Villarejo, quien se ha preguntado por qué el Gobierno no controla quién forma la Real Academia de la Historia «la absoluta vulneración de la veracidad y la objetividad» en la que ha incurrido esta institución.

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