El Pleno del Congreso decidirá este martes si toma en consideración una proposición de ley de CiU que pretende reformar Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que sus magistrados cesen automáticamente si permanecen más de seis meses en funciones, con el objetivo de forzar así su sustitución.
El debate de esta iniciativa tendrá lugar en plena negociación entre PSOE y PP para buscar sustitutos a los tres magistrados del TC que cumplieron su mandato el pasado mes de noviembre y que esta misma semana han presentado su dimisión. Además, el Congreso tiene que cubrir la vacante existente desde el fallecimiento en 2008 del magistrado Roberto García Calvo.
Una iniciativa similar fue aprobada en el Parlamento catalán antes de que el Alto Tribunal aprobara su sentencia sobre el Estatut y también fue planteada en el Senado, que la tomó en consideración y la envió al Congreso en junio del año pasado. Desde entonces, ya lleva 36 prórrogas del plazo de presentación de enmiendas.
En paralelo, los nacionalistas catalanes la registraron en el Congreso hace poco más de un año e intentaron hacerlo también con la firma de ERC, ICV y el PSC, pero ninguno de ellos cogió el guante y finalmente la presentó en solitario.
CiU TIENE SUS PROPIOS CANDIDATOS
El grupo que capitanea Josep Antoni Duran i Lleida, que ha registrado sus propios candidatos a ocupar puesto en el TC -Encarnación Roca y Antoni Rovira, que ya fueron propuestos en su día al Senado por el Parlamento catalán–, intentará que el resto de grupos acepten tramitar una reforma que evitaría situaciones como la ha viene viviendo en los últimos años el Tribunal Constitucional.
En concreto, la proposición de ley, recogida por Europa Press, busca modificar seis artículos una disposición adicional de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Además, del cese automático de los magistrados que estén más de un semestre con el mandato caducado, los nacionalistas catalanes plantean que se pongan plazos al tribunal para emitir determinadas sentencias.
Así, abogan por que tanto los recursos como las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas contra leyes orgánicas o estatutos de autonomía sean resueltos en un plazo máximo de seis meses. También sugieren que estos casos el TC no pueda dictar sentencias interpretativas, sino que determine si lo artículos cuestionados se ajusta o no la Constitución, y que su aprobación requiera el voto a favor de al menos ocho magistrados.
