Debate Nación. ERC-IU-ICV pide al Gobierno «un giro a la izquierda» y dar repuesta al «estado de indignación»

El Grupo Parlamentario integrado por ERC-IU-ICV reclama en sus resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación un «giro a la izquierda» en sus políticas y una respuesta clara al «estado de indignación» de los ciudadanos.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, criticó el «balance francamente pobre» de un debate al que el Ejecutivo sólo ha llevado una «propuesta insuficiente» sobre hipotecas y el establecimiento de un límite de gasto para las comunidades autónomas.

En nombre de IU, Gaspar Llamazares advirtió que Zapatero ha convertido la contienda parlamentaria en un «debate del estado de la indiferencia».

Abogó por que sea el Parlamento el encargado de «representar la indignación y el motín ciudadano contra este capitán que se ha atado al timón y va a continuar (en el Gobierno) pese a quien pese».

Estas tres formaciones suscriben conjuntamente once de las quince enmiendas que defenderán el Pleno de mañana. Todas ellas implican «un giro a la izquierda», una clara «descentralización política» y una auténtica «salida social a la crisis».

Incluye el establecimiento de una «cuota mínima» de fondos dedicados al crédito para las entidades financieras, aplicar «mano dura» al sistema, luchar contra los paraísos fiscales y legislar la dación en pago para la ejecución de pagos de hipotecas, que implicaría reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria.

La portavoz de ICV, Nuria Buenaventura, explicó las resoluciones que apuestan por un nuevo modelo productivo con una marcada orientación «verde» y, en ese sentido, recordó su petición de cierre de las centrales nucleares, al igual que hizo Alemania e Italia.

Estos tres partidos insisten en la necesidad de que las inversiones en infraestructuras sean «racionales» para que no pase lo que acaba de ocurrir con la línea del AVE entre Toledo y Albacete, que ha tenido que ser cerrada por falta de viajeros.

Esquerra propone, en materia de austeridad, la elaboración de un calendario de supresión de las diputaciones, traspasando sus competencias a los gobiernos autónomos.

Asimismo, suscriben una resolución para la reforma de la Ley de Referéndum de manera que mediante una iniciativa ciudadana se puedan derogar leyes aprobadas en el Parlamento.

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