El Pleno del Congreso de los Diputados empezará el martes a tramitar la reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas.
La sesión extraordinaria del Pleno está convocada para el martes a las diez de la mañana, después de que se reúnan la Mesa y la Junta de Portavoces.
En el orden del día de la sesión está la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE y PP en la madrugada del pasado viernes, y su tramitación con urgencia y en lectura única.
Si se tramita de esa forma y, por tanto, se eliminan los pasos de ponencia y comisión, la reforma podría ser aprobada por el Congreso esta misma semana, para ir después al Senado y regresar al Congreso la semana siguiente.
A partir del momento de su aprobación definitiva, hay quince días para que el 10% de los diputados o los senadores reclame su ratificación en referendum.
Esos quince días tienen que expirar antes de la conclusión de la legislatura, a finales de septiembre para que las elecciones generales puedan ser el 20 de noviembre.
Aunque la Ley Orgánica que regula el referendum establece que no se pueden celebrar este tipo de consultas ni antes de 90 días de unas elecciones ni 90 días después, establece dos únicas excepciones, que son, precisamente, los previstos en caso de reforma constitucional.
Se trata del referendum automático en caso de aprobación de una reforma de la Constitución que afecte a los derechos fundamentales y las libertades públicas o a la Corona, o del que, en su caso, pueden reclamar el 10% de los diputados o senadores en caso de una reforma que afecte a cualquier otro precepto constitucional, como es este caso.
«PRINCIPIO DE ESTABILIDAD»
La proposición que se debatirá el martes modifica el artículo 135 de la Constitución, en el que se establecerá que todas las administraciones públicas «adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria» y que el Estado y las comunidades autónomas «no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros».
El precepto constitucional remitirá a una ley orgánica para fijar el déficit estructural máximo permitido en relación al PIB y emplazará también a las corporaciones locales a «presentar equilibrio presupuestario».
Se incluirá además a las comunidades autónomas en la obligación que ya afectaba al Gobierno central de estar autorizado por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Se incluye también a todas las administraciones en el párrafo que establecía que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos, y se añade que su pago gozará de «prioridad absoluta».
Se mantiene la redacción anterior según la cual esos créditos «no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión».
El artículo modificado establecerá también que el volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al producto interior bruto del Estado «no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».
«Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados», añade la nueva redacción.
La ley orgánica deberá concretar la distribución de esos límites, la metodología para calcular el déficit estructural, y la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y dentro de los límites de este artículo, «adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias».
La reforma incluye una disposición adicional para que esa ley orgánica esté aprobada antes del 30 de junio de 2012, y para que los límites establecidos entren en vigor a partir de 2020.
