El Senado estudiará a partir de hoy la reforma constitucional para limitar el déficit estructural y el endeudamiento del Estado, aprobada el viernes en en el Congreso de los Diputados en los mismos términos propuestos por PSOE y PP y sin que estos lograran recabar ningún apoyo.
Este martes la Comisión Constitucional del Senado se reunirá para elaborar un dictámen sobre la citada proposición, texto que se elevará al Pleno de la Cámara Alta previsto para el día siguiente.
La reforma constitucional propuesta por PSOE y PP llega al Senado tras una polémica votación, en la que los diputados de ERC, BNG, NaBai e Iniciativa per Catalunya se levantaron de sus escaños y abandonaron el hemiciclo, y los de CiU, que vieron cómo el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, vetaba el acuerdo que habían alcanzado con los dos grupos parlamentarios mayoritarios sobre la modificación de la Carta Magna, no votaron.
Finalmente fueron 321 los votos válidos de la reforma. De ellos, 316 fueron a favor, todos ellos de PSOE y de PP, y cinco en contra, entre ellos el de los diputados socialistas Antonio Gutiérrez y José Manuel Bar Cendón. Mientras el primero se opuso al texto aprobado, como estaba previsto, por convicción, el segundo lo hizo «por error».
El texto presentado por PSOE y PP para modificar la Constitución y que esta semana estudiará el Senado, propone que todas las administraciones públicas deben adecuar �sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria» y que el Estado y las comunidades autónomas «no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros».
Además, indica que una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido en relación al PIB y emplazará también a las corporaciones locales a «presentar equilibrio presupuestario».
CCAA
Según la proposición, las comunidades autónomas, al igual que el Gobierno central, deberán estar autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Se incluye también a todas las administraciones en el párrafo que establecía que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos, y se añade que su pago gozará de «prioridad absoluta».
La redacción anterior según la cual esos créditos «no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión», se mantiene.
Según la modificación propuesta por PSOE y PP, el volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al Producto Interior Bruto del Estado «no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».
«Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados», añade la nueva redacción.
Además, proponen PSOE y PP, la ley orgánica deberá concretar la distribución de esos límites, la metodología para calcular el déficit estructural, y la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y dentro de los límites de este artículo, «adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias», añaden.
La reforma incluye una disposición adicional para que esa ley orgánica esté aprobada antes del 30 de junio de 2012, y para que los límites establecidos entren en vigor a partir de 2020.
