La «generosidad» del Estado con quienes han dedicado al menos siete años al Parlamento alcanza a sus viudas e hijos menores de 25 años
España entera se aprieta el cinturón, el Gobierno prepara un ajuste multimillonario para los próximos Presupuestos y, sin embargo, -como subraya Esther L. Palomera en ‘La Razón’– hay cosas que no cambian.
El Congreso acaba de actualizar, con fecha 28 de febrero de 2012, las pensiones y ayudas que paga cada mes a los ex parlamentarios españoles.
Las hay de diferentes cantidades: desde los 561 euros que recibe al mes el catalán Pere Balta i Llopart, los 1.000 del socialista José Acosta, los 693 de Santiago Carrillo o los 2.589 de Cristina Almeida.
La ayuda más alta es la de Pablo Castellano, que ingresa de las Cortes 2.877 euros mensuales. En total, la Cámara Baja destinará este año la friolera de 2.500.000 euros al pago de pensiones y complementación de ingresos a ex parlamentarios y a sus viudas e hijos menores de 25 años.
Se preguntarán ustedes cómo puede ser esto si el anterior presidente de la Cámara Baja, José Bono, impulsó, con motivo de la reforma del sistema público de pensiones, la derogación de una parte del privilegiado sistema de protección social de sus señorías que daba derecho a la pensión máxima de jubilación a todo parlamentario que estuviera un mínimo de 11 años en el Congreso o el Senado -aunque el resto de su vida no volviera a cotizar-, y si no los tenía, a un salario de carácter graciable, que podía conceder la Mesa del Congreso por muy distintas cuantías.
Pues verán, la suspensión del llamado modelo de protección social para parlamentarios que ideó el socialista Manuel Marín -y al que ningún otro grupo hizo ascos- tiene validez a partir de la actual legislatura, lo que quiere decir que todos los anteriores siguen teniendo derecho a la dádiva.
NOTA.- leer artículo completo en ‘La Razón’
