Las peticiones del PSOE y de IU para crear en el Congreso una comisión de investigación sobre Bankia devuelven a la actualidad a este tipo de órganos, a los que ha recurrido el Parlamento a lo largo de la democracia para intentar arrojar luz sobre escándalos públicos de todo tipo.
Las comisiones de investigación han servido para mejorar la gestión de diferentes organismos y entidades, pero han demostrado también que la clase política, con independencia de las siglas, mantiene una complicada relación con la transparencia.
– ¿Cómo se regulan estos órganos?
La Constitución reconoce el derecho del Congreso y del Senado a nombrar comisiones para investigar cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales, pero sí se pueden trasladar a la Fiscalía.
Pueden solicitar que se cree una de estas comisiones el Gobierno, la Mesa del Congreso, dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados.
Quienes sean citados a comparecer están obligados a hacerlo y son sancionados si no atienden la llamada.
– ¿Cuántas comisiones de investigación se han celebrado?
El Parlamento ha organizado dieciocho comisiones en el periodo democrático, aunque varias de ellas no llegaron a emitir sus conclusiones al disolverse las Cámaras por la convocatoria de elecciones.
Otras, como la creada en 1995 sobre la actuación y la financiación de los GAL, fue disuelta a propuesta del PP después de que el PSOE sumara los apoyos suficientes para anular siete de las dieciocho comparecencias acordadas en principio por la comisión, entre ellas la del ex ministro José Barrionuevo.
– ¿Con qué motivo se creó la primera comisión de investigación?
Se constituyó en diciembre de 1979 y tuvo como objeto investigar posibles malos tratos en las cárceles del País Vasco. El presidente de este organismo manifestó que no se habían encontrado indicios de malos tratos, pero la comisión propuso una serie de medidas para mejorar la situación de los presos.
– ¿Y la última?
Fue la comisión encargada de investigar los atentados del 11-M registrados en Madrid tres días antes de las elecciones generales. Se creó en mayo de 2004 y un año después se aprobaron sus conclusiones con el voto en contra del PP. La comisión concluyó que el Gobierno de los populares había manipulado la información de la masacre por interés electoral y había descuidado la seguridad ante el terrorismo islamista.
– ¿Qué asuntos han sido llevados ante una comisión de este tipo?
El Parlamento ha investigado escándalos de toda índole, como el síndrome tóxico por el consumo de aceite de colza adulterado (1981), la expropiación de Rumasa (1983), la gestión de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil y de Mariano Rubio en el Banco de España (1994), la financiación irregular de los partidos en los casos Filesa o Naseiro (1994), el presunto fraude en la concesión de ayudas europeas para el cultivo del lino (1999) o la intervención de la agencia de valores Gescartera (2001).
– ¿Qué ha ocurrido con sus conclusiones?
Los dictámenes de las comisiones de investigación evidencian la dificultad de que la clase política evalúe casos en los que se ven afectados los propios partidos.
Sólo cuando se han investigado asuntos del pasado, de etapas en las que gobernaba otro partido, se han encontrado responsabilidades en cargos políticos.
Es el caso, por ejemplo, de la comisión del 11-M, o de la que investigó en 1997 la supuesta amnistía fiscal de la etapa socialista, que estableció que había existido «negligencia en la gestión» del Gobierno anterior y que Hacienda dejó de ingresar por ello más de 200.000 millones de pesetas.
– ¿Que asuntos no se han podido investigar en el Parlamento?
Son innumerables también los casos que han llevado a los partidos, estando en la oposición, a solicitar la creación de una comisión de investigación y que han quedado bloqueados por las mayorías parlamentarias.
Nunca se llegaron a constituir, por ejemplo, comisiones para estudiar los vuelos de la CIA, el accidente del Yakolev-42 en Turquía o el caso Forum-Afinsa.
