Entre sueldo base y otras retribuciones, contempladas en los regímenes económicos de los diputados, el gasto total ascendería a más de 70 millones de euros anuales
El café para todos se sirve en los parlamentos autonómicos a una media de 50.000 euros anuales entre los 1.218 diputados.
Cantidad que oscila entre los 75.000 euros de media de un diputado vasco a los poco más de 31.800 de uno cántabro, según fuentes consultadas de las distintas consejerías de Hacienda.
Lo que cobran nuestros diputados
Como explica Marta Casal en ‘El Economista’, Galicia se sitúa entre los primeros del ránking de los mejor pagados.
La asignación fija por diputado es de 67.340 euros brutos al año; en Extremadura y Canarias, tras la reducción de un 5% en las nóminas del mes de junio, éstas se estipulan en 57.684 y 47.297 euros anuales, respectivamente.
Y en Castilla y León, un diputado liberado con la reducción de una paga extra cobra 55.676 euros anuales. Los diputados de la Asamblea de Madrid gozan de un salario mínimo de 49.048 euros y los de Aragón 46.130.
Unos 2.500 euros menos cobran los parlamentarios andaluces (43.582) y casi seis mil euros menos reciben los catalanes (40.201).
Otras retribuciones
Estas nóminas representan una mínima parte de las ganancias que recibe un parlamentario. Y varían en función de su responsabilidad dentro de la Cámara, bien en la Mesa, en una comisión o en la portavocía de su propio grupo.
Además, el sueldo está sujeto a otros complementos como el tipo de dedicación, completa o parcial, gastos de alojamiento, desplazamiento o kilometraje, como apuntan las fuentes de los distintos parlamentos.
En el caso de la Comunidad Valenciana, donde un diputado recibe una asignación fija de 33.040 euros brutos al año, éste se embolsa en concepto de dedicación exclusiva 5.118 euros mensuales por lo que sus honorarios ascienden a los 49.000 euros.
Por ser portavoz, la nómina se incrementa en otros 1.825 euros y 1.457 euros por acudir a las juntas, como es en el caso de Madrid. En concepto de dietas o desplazamientos, la retribución puede oscilar entre los 1600 euros mensuales en Cataluña hasta los casi 7.000 de La Rioja.
Reducción del número de diputados
Entre sueldo base y otras retribuciones, contempladas en los regímenes económicos de los diputados, el gasto total ascendería a más de 70 millones de euros anuales.
La solución del Partido Popular para reducir este coste, con el objetivo de contener el elevado déficit autonómico, pasa por una drástica reducción de los electos regionales.
Una medida que desde IU ya han calificado de «pucherazo» y que desde las filas socialistas consideran inútil.
Esperanza Aguirre ha sido la primera en pronunciarse al respecto a pesar de que Madrid es la cuarta comunidad con menor número de diputados por habitante, uno por cada 50.300. La presidenta pretende adelgazar la Asamblea de Madrid a la mitad.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recogió el guante de su colega de partido y propone reducir de 75 a 61 el número de parlamentarios de cara a las elecciones autonómicas que se celebran en menos de un año.
La misma voluntad han expresado otros barones populares como José Antonio Monago e Ignacio Diego , presidentes de Extremadura y Cantabria, respectivamente.
El socialista José Antonio Griñán considera «absurdo» el debate sobre la reducción de diputados en los parlamentos autonómicos.
Aunque aboga porque se copie el «modelo andaluz». Su comunidad es la más poblada y a la vez la que posee una ratio más baja de habitantes por diputado, uno por cada 77.000.
Al igual que Andalucía, el resto de las regiones más pobladas, como es el caso de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana tienen una proporción muy baja de diputados por habitante.
En el lado opuesto se encuentran La Rioja y Navarra. En la primera, con poco más de 300.000 habitantes, hay 33 diputados mientras que la Comunidad Foral cuenta con 50 diputados en la Cámara autonómica, lo que supone uno por cada 13.000 habitantes.
En cambio, los recortes han llegado hasta el escalafón más bajo de la Administración con la propuesta de reducción del 30% del número de concejales. Nueve de cada diez no cobra por su actividad, según denuncia la FEMP.
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