LA DECLARACIÓN DE CRISTINA DE BORBÓN COMO IMPUTADA

El juez Castro dice que prohibir grabar en vídeo a la Infanta no es “trato privilegiado”

El magistrado del 'caso Urdangarin' niega a Manos Limpias y a Anguita tener una sola representación en el interrogatorio, al considerar que mantienen diferencias "irreconciliables"

El juez Castro dice que prohibir grabar en vídeo a la Infanta no es “trato privilegiado”
La Infanta Cristina, en la parte trasera del coche tras la visita a su abogado. EP

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha confirmado que la declaración de la Infanta Cristina sea grabada únicamente en audio, tras desestimar los recursos interpuestos contra esta decisión por parte del sindicato Manos Limpias, y del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, que solicitaban que también fuera registrada en vídeo. El magistrado niega que con ello se dé un «trato privilegiado» hacia la hija del Rey.

Así lo ha acordado mediante un auto dictado este viernes, 7 de febrero de 2014′ en el que rechaza asimismo que tanto Manos Limpias como la entidad promovida por Julio Anguita, Frente Cívico Somos Mayoría, estén representadas por la misma dirección letrada en el marco de esta causa. La Fiscalía solicitaba que ambas entidades populares ejerciesen sus acciones penales de forma conjunta.

En su resolución, de 14 páginas, Castro rebate, en lo que a la grabación se refiere, los argumentos de Manos Limpias y Torres en cuanto a que no hay precepto legal que ampare su decisión y que la misma encierra un trato privilegiado hacia Doña Cristina. Así, en cuanto al primer extremo el magistrado asevera que «cierto es que no existe norma que autorice lo decidido pero tan cierto como ello es que tampoco la hay que lo desautorice».

«Situados ante el dilema de sólo acceder a aquello que la norma expresamente autorice o, por el contrario, a todo aquello que no lo prohíba», justifica el instructor, «pocas dudas pueden caber que se ha de optar por lo segundo en tanto la tolerancia y permisividad se han de erigir en el principio general y la restricción en lo excepcional».

Por otro lado, añade, «en cuanto a que lo resuelto constituya un trato privilegiado hacia una persona determinada son ganas de ver la cuestión desde una peculiar óptica que en absoluto corresponde con lo que este Juzgado ha venido predicando sobre la cuestión».

El magistrado recuerda al respecto que ya en febrero de 2012 Urdangarin y otros imputados solicitaron que su declaración no fuera objeto de grabación y esto «no representó absolutamente ningún privilegio para los afectados, sino todo lo contrario, ya que actuaciones que perfectamente se podían haber solventado en pocas horas acabaron, como es el caso del señor Urdangarin, durando más de veinte».

En referencia al planteamiento que formularon tanto Manos Limpias como la Fiscalía de que Frente Cívico estuviera representada por la misma dirección letrada que la del sindicato, el juez desestima esta petición al considerar «irreconciliables» las diferencias entre ambas acusaciones.

De hecho, recuerda que nada más solicitar su personación la asociación promovida por Anguita, «lo primero que hizo» Manos Limpias, «sin que se habilitara trámite alguno para ello, fue oponerse pero no por razones de forma, sino por conceptuar la pretendida personación como una réplica política para sacar un rendimiento mediático ajeno al procedimiento jurídico».

EL PLAN DE URDANGARIN

Una de las mejores defensas que pudo haber tenido la Infanta estuvo en manos de Iñaki Urdangarin. El caso Nóos se ha convertido en un «martirio» de tres años de lamentos para la Casa del Rey y ha llegado a estas alturas, con la hija del Rey declarando ante el juez, porque el abogado del duque y el de su socio Diego Torres no lograron cerrar a tiempo un pacto de conformidad con la fiscalía, según fuentes de la investigación.

Como explica Andreu Manresa  en ‘El País’, el acuerdo de arrepentimiento previo al juicio implicaría la reparación del daño causado al erario público, unos seis millones de euros, y la asunción de los hechos, el reconocimiento de la acusación. Con este hipotético acuerdo legal -negociado en tres ocasiones por representantes del yerno del Rey-, ambos imputados no eludirían una petición de una condena de cuatro años de cárcel, con cumplimiento en prisión.

La fiscalía -sin pacto- reclamará ahora más de 12 años para cada uno de los exsocios. Urdangarin, debía aportar la mayor parte de los fondos para resarcir a la administración pero se mostró remiso a asumir el acuerdo porque se considera completamente inocente. Se cerró en banda y la instrucción avanzó y se ensanchó.

La infanta tuvo otro posible muro. Urdangarin y Torres, administradores de la trama de empresas del Instituto Nóos y Aizoon, tampoco abordaron a tiempo y con eficacia un pacto económico con la Agencia Tributaria para ajustar sus desarreglos fiscales, cuando los inspectores indagaron sus supuestos fraudes, antes de la investigación penal directa del juez y del fiscal.

Los expedientes y recursos administrativos derivaron en acusaciones por delito fiscal y blanqueo de capitales.

Otra estrategia errónea, según fuentes de la investigación. Porque esa inspección de Hacienda se concretó en una querella de la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, en la apertura de una indagación concreta sobre la Infanta por una posible delito fiscal y blanqueo y en diez meses de venteo público sobre todos sus gastos, patrimonio y cuentas.

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