Ingrid Jeanne Sartiau ha abierto un sendero inédito en la historia de la Monarquía española. La demanda de la ciudadana belga, que aspira a demostrar su vinculación familiar con Don Juan Carlos, puede conseguir que, por primera vez, un monarca se someta a la prueba de paternidad, entre otras cuestiones.
El proceso abierto por el Tribunal Supremo tiene descuadrados a los expertos. «Este asunto está en la línea de salida. Otra cosa es cómo llegue a la meta», afirma el abogado experto en Derecho nobiliario Marcial Martelo, que señala como precedente sui generis el de Don Leandro de Borbón.
«Pero es un caso que no tiene nada que ver, porque no hubo oposición de la Casa Real, las circunstancias no eran las mismas y se resolvió por expediente gubernativo», continúa.
El caso de Sartiau y Don Juan Carlos resulta más complejo y, por qué no decirlo, más morboso. De hecho, el principio de prueba que generó un intenso debate en el Tribunal Supremo (seis votos a favor y cinco en contra de la admisión de la demanda) se basa en un acta notarial de la madre de Sartiu en la que describe tres días de tórridas relaciones sexuales sin protección anticonceptiva en un hotel de lujo en la Costa del Sol, el conocimiento de que el amante era el futuro Príncipe de España a través de un conserje y la ausencia de cualquier otra relación desde aquellos días al nacimiento de la demandante.
Sin embargo, la cuestión genera más complejidad por quién es el demandado que por el proceso en sí. La meta del procedimiento, en principio, sólo tiene dos opciones: o Sartiau ve justificadas sus aspiraciones o la demanda queda en nada.
No obstante, hasta llegar a esas dos opciones el camino es algo más tortuoso. En primer lugar, Don Juan Carlos tendrá que buscarse un abogado, ya que el convenio con la Abogacía del Estado que mantiene el monarca emérito no cubre un asunto de tipo privado como éste.
En segundo lugar, una vez que el Rey emérito reciba la pertinente citación dispondrá de veinte días hábiles para someterse a la prueba de paternidad a través del ADN. Una prueba cargada de complicaciones en todos los sentidos.
Por una parte, si Don Juan Carlos se negase a realizarla, esto podría ser utilizado en su contra. «Unido a otras pruebas, es posible que se considerase como un indicio de paternidad», asegura Martelo.
Otras fuentes consultadas también lo tienen claro: «Si Don Juan Carlos tiene claro que no es hija suya, lo mejor para él sería someterse a dicha prueba». Lo contrario sería fuente de problemas.
En todo caso, si la prueba prosperase a favor de Sartiau, ¿qué obtendría la belga? Desde luego, ningún título, como recalca, a título personal, José Miguel de Mayoralgo, , letrado asesor del Consejo de la Grandeza de España: «La categoría de infante es un tratamiento de la Casa Real que sólo reciben los hijos concebidos dentro del matrimonio».
Así que Sartiau, si la demanda terminase a su favor, sólo tendría derecho al uso del apellido Borbón y a la llamada «legítima» de la herencia de la fortuna personal de Don Juan Carlos. Una incógnita, por cierto, que algunos medios han cifrado entre los 1.500 y los 1.800 millones de euros.
