Menuda la ha liado Juan Carlos Monedero con los 425.000 euros que cobró de regímenes como Venezuela, Bolivia o Ecuador por asesorarles políticamente. La cosa parece clara después de admitir que había cometido fraude tras muchas semanas de mentiras. Y es que tras la regularización queda limpio de polvo y paja, al menos económicamente. Políticamente, ya es otro cantar.
El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) coinciden en que, al haber presentado una declaración complementaria a Hacienda, Monedero ha evitado incurrir en una infracción tributaria en relación con los ingresos que recibió en 2013 por asesorar a Gobiernos latinoamericanos. Además, en todo caso, descartan el delito fiscal. Monedero se libra de la sanción y de los intereses de demora, aunque tendrá que abonar un recargo del 15% por declarar parte de sus ingresos fuera de plazo, eso sí.
El precio político
El precio político que está pagando Monedero es otra historia. Lo de cobrar 425.000 euros en dos meses e intentar engañar a Hacienda para no pagar los impuestos requeridos será de todo menos estético para un partido que ha hecho de la lucha contra la corrupción y la casta en su bandera. Y claro, cada vez son más los que piden la «amputación».
Si hace unos días Ana Rosa Quintana le recomendaba a Pablo Iglesias el «divorcio», este viernes en las redes la expulsión era un clamor. «Delito o no, éticamente es reprochable», resumía uno de los participantes de Plaza Podemos, la plataforma que la nueva formación utiliza como lugar oficial de encuentro y debate y que este viernes plasmó un amplio malestar hacia el número tres del partido, con más de 600 comentarios y no pocas peticiones de dimisión e incluso expulsión del partido para no contaminar al resto de la formación.
Mientras Monedero se amparaba en su afán puntilloso para explicar por qué regulariza ahora el dinero si no cometió fraude como defendió desde el principio, el ruido fue aumentando a su alrededor. No todos tenían tan claro como Podemos que su número tres ha elegido «voluntariamente» y sin necesidad de hacerlo «la opción más favorable para la Hacienda Pública» con el único objeto de disipar dudas…
De hecho, las reacciones fueron numerosas y directas a la yugular. Hasta el Gobierno, en boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le dio a Podemos donde más le duele en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «Lo que parece claro, por reconocimiento de parte, es que no había cumplido sus obligaciones tributarias, al margen de los procedimientos. Si todos los españoles hicieran lo que Monedero, a ver como pagábamos los servicios públicos, la sanidad y la educación de este país». Precisamente una de las caras visibles de Podemos, que tanto proclaman la necesidad de apuntalar los derechos sociales de los trabajadores y guerrean contra los recortes y la austeridad…
El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, tampoco se quedó corto y tras asegurar que le resulta «increíble» que Monedero pudiese asesorar a nadie cuando «apenas sabe hacer la ´o´ con un canuto en cuestiones económicas», remarcó que Pablo Iglesias «habría estado encubriendo hasta ahora» a su número 3, y recordó que ha llegado «la hora de que explique a cuento de qué venía la financiación de Venezuela sobre ellos y si se trata de un proceso de financiación ilegal de una formación políticas en ciernes».
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, intentó matar dos pájaros de un tiro señalando que Pablo Iglesias defiende tanto a Monedero porque «podría ser el Bárcenas de Podemos». En línea con su «colega» popular, aseguró que «se ha probado que el señor Monedero mintió, defraudó a Hacienda y ahora lo que tiene que decir es qué ha hecho con ese dinero que no pagó a Hacienda y si ha servido para financiar su partido o para pagar actos o campañas electorales de Podemos».
El caso Monedero reabre una vieja guerra
Por si fuera poco, el caso Monedero ha reabierto una vieja guerra entre inspectores y técnicos de Hacienda que puede acabar salpicándole. De hecho, mientras los técnicos de Gestha parten una lanza a su favor e insisten en que ha quedado en paz con el fisco al presentar su declaración complementaria antes de que se lo notificara Hacienda, los inspectores de IHE matizan que el suyo es un «claro caso de fraude tributario» que «no se ha podido sancionar» porque se enteró por los medios de que se le estaba investigando y pudo regularizar la situación in extremis antes de que se le pudiera notificar.
La cosa no queda ahí, porque los inspectores se quejan del empeño de los técnicos en exculpar a Monedero y llegan incluso a insinuar un pago de favores por adelantado en caso de llegar al Gobierno, según informa Paula de las Heras. A saber, Gestha lleva mucho tiempo reclamando su equiparación al colectivo de inspectores y ha creado un grupo de trabajo con Podemos que apuesta por elevar en 26.718 el número de funcionarios de la Agencia Tributaria, que según la última memoria cuenta con 26.231 empleados. ¿Favor por favor?
