La pieza la firman al alimón Pablo Machuca y Gloria Rodríguez-Pina en The Huffington Post, este 25 de febrero de 2016, y es tremendamente reveladora, porque la tesis general ha sido que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera es tan ‘dulce‘ que todos, sin excepción, podrían suscribirlo:
Y aunque Podemos ya ha dicho que no apoyará este pacto e incluso se ha levantado de la mesa de negociación, y el PP lo ha tildado de «brindis al sol», lo cierto es que hay algunas medidas del documento firmado por PSOE y Ciudadanos que podrían no ser mal vistas por ambas formaciones.
Estos son los aspectos en los que Podemos y PP podrían coincidir y discrepar, en función de sus programas electorales y de Gobierno:
INNOVACIÓN, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
– Impulso a la economía del conocimiento
El documento promete, entre otras medidas para impulsar un nuevo modelo económico basado en la innovación y el conocimiento, incrementar «significativamente» la inversión pública en I+D+i, pero no concreta cuánto. Se compromete también a «reducir trabas administrativas para crear un negocio», crear un agencia de apoyo a las PYMEs, y extender la banda ancha de alta velocidad a todos los hogares y empresas.
La falta de concreción en datos deja los compromisos lo suficientemente abiertos como para que nadie los pueda objetar. El PP ha prometido también «el desarrollo de una agenda industrial encaminada especialmente a la adaptación a los cambios tecnológicos, particularmente en el ámbito de la Economía del Conocimiento y Digital», extender la banda ancha y el 4G. Podemos concreta más y fija la inversión en I+D+i en el 2% del PIB y dice que impulsará «un tejido productivo innovador volcado en el desarrollo de las pymes».
– Transformar el ICO en un verdadero banco público de inversiones
PSOE y Ciudadanos acuerdan impulsar el crédito directo del ICO -que prometen transformar en un banco público-, a empresas, en particular, de sectores estratégicos como las start-up, PYMEs, proyectos de internacionalización, etc.
Podemos también promete que «se reforzará el apoyo a la pequeña empresa entre las actividades del ICO y de la futura banca pública, teniendo en cuenta criterios sociales y estratégicos».
El PP no menciona al ICO ni a la banca pública, que no ha prometido, pero sí dice que hay que «crear un fondo de garantías para proyectos de I+D+i de pymes en fase de expansión innovadoras», y «apuesta por poner a su disposición mecanismos de financiación no bancarizados».
– Cotizaciones sociales de los autónomos
Proponen realizar una reforma profunda en el sector para hacer el sistema «más justo y equilibrado», y que los pagos a la seguridad social se ajusten a los ingresos reales del autónomo. Buscarán «fórmulas» para la cotización del trabajo autónomo a «tiempo parcial» y para los de «vocación de no habitualidad». Para los autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), introducirán una cotización reducida de 45 euros.
También quieren reformar la ley de segunda oportunidad para que cubra a emprendedores y microempresarios, que incorpore las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social y que elimine el periodo de cinco años en el que las deudas exoneradas puedan volver a ser reclamadas.
Podemos también quiere cuotas porcentuales y progresivas y contempla las cotizaciones a tiempo parcial. En cambio, contempla un «alta gratuita» para los que facturen por debajo del SMI. El partido también quiere reformar la ley de segunda oportunidad para que incluya «todas las deudas generadas en su actividad anterior».
El PP no se acerca tanto a las propuestas, aunque sí habla de «mayor flexibilidad y capacidad de elección de sus cotizaciones» para adaptarse a la evolución de su actividad (incentivos, acceso a prestaciones, tiempo parcial, pluriactividad, etc.).
En lo que respecta a la segundas oportunidades, los populares se quedan cortos. Lo único que mencionan es un régimen de aplazamientos en las cotizaciones de los trabajadores autónomos.
– Impulso de la economía social
El acuerdo prevé que se reserven contratos públicos a empresas sociales y de propiedad de los trabajadores, y que tengan un tratamiento fiscal favorable. Reformarán la Ley de Cooperativas y de Mecenazgo, y se regulará la economía colaborativa para «identificar obstáculos para su desarrollo».
Podemos va un paso más allá, y prevé un plan de ayudas para proyectos cooperativos que sean equitativos, sostenibles e innovadores, y dice que se favorecerán los procesos de transformación de empresas en crisis en cooperativas.
El PP, en cambio, se queda corto. En su programa electoral solo dice: «Impulsaremos la economía social y facilitaremos que la iniciativa social participe en la prestación de los servicios públicos». La indefinición hace que les incluyamos aquí, porque no se niegan, pero la ausencia de detalle nos hace pensar que no es un tema al que le hayan dedicado mucho tiempo ni sea prioritario para ellos.
FINANZAS PÚBLICAS
-Renegociación del objetivo del déficit con Bruselas
«El nuevo gobierno se muestra comprometido de forma inequívoca con la estabilidad presupuestaria», dicen PSOE y Ciudadanos, que añaden que «no se llevará a cabo ningún recorte de gasto social». No concretan una senda de reducción del déficit, que dicen que se acordarán con las autoridades europeas en base a la situación real de las finanzas públicas heredadas del actual Gobierno. Prometen, en cualquier caso, situarlo por debajo del 3% en 2017.
Podemos dice que no tiene sentido «regaterar» con la UE un nuevo aplazamiento para reducir el déficit al 3% un año más tarde. Recuerdan además que «no es posible cumplir con la senda de reducción» acordada con Bruselas, y que de lo que se trata es de definir una nueva política presupuestaria al servicio de nuevos objetivos económicos del país que asegure la estabilidad de las finanzas, consolide el crecimiento, acelere la reducción del desempleo y atiendas las necesidades sociales.
El PP, en cambio, aunque al final ha reconocido que ha incumplido el objetivo marcado por Bruselas, se muestra dispuesto a buscarlo y cree que se puede negociar mayor flexibilidad con la UE. En su programa no hace mención a este tema, pero teniendo en cuenta su política de recortes en la pasada legislatura, nade hace prever un giro de 180º en sus prioridades.
– Impuestos
PSOE y Ciudadanos quieren hacer una reforma integral del sistema tributario, que incluye: reformar el impuesto de sociedades para acercar los tipos impositivos a los nominales, reducir el IRPF si se puede, y en cualquier caso, no subir los tipos, reducir el IVA cultural al 10%, estudiar un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, armonizar el de sucesiones, donaciones y patrimonio en todo el país, y hacer unos «auténticos impuestos medioambientales».
Su objetivo, dicen, es hacer una fiscalidad más justa, «en la que la contribución de cada ciudadano se realice de acuerdo a su capacidad de pago».
Como ha dicho Albert Rivera en su rueda de prensa, su propuesta sobre impuestos -con matices, por ejemplo en el IVA cultural- va encaminada a seducir al PP, porque se trata de «no subir los impuestos», lo que en este caso se concreta sobre todo en el IRPF. El PP, en su programa, no entra en detalles pero promete, en abstracto, reducir «la carga fiscal de los ciudadanos». Cuando concreten, independientemente de lo que haya dicho Rivera, el PP puede no estar tan de acuerdo y seguramente tenga reparos si se recuperan el de sucesiones y patrimonio en todas las comunidades.
Podemos dice que sus medidas en esta materia «recaerá sobre las rentas más acomodadas y sobre los sectores de población de mayor patrimonio». Se corregirá progresivamente la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro en el IRPF, para avanzar hacia una tarifa única. Se reformará en profundidad el impuesto de sociedades, con unos tipos efectivos realmente próximos a los tipos nominales y se recuperarán y revitalizarán los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones «de forma coordinada en todas las comunidades autónomas.
EMPLEO
– Derogación de la reforma laboral del PP y negociación colectiva
El PSOE prometió que iba a derogar la reforma laboral del PP. En el documento es imposible encontrar mención alguna a esa derogación, aunque según Jordi Sevilla, citado por Pilar Portero, los seis puntos sobre la negociación colectiva la «dinamitan».
El PP es previsible que no esté de acuerdo con derogar una reforma laboral de la que presume porque en su opinión, sobre ella se sustenta la recuperación económica. Íñigo Errejón, de Podemos, ha declarado tras conocerse el documento que PSOE y Ciudadanos lo que están haciendo es «dar los primeros pasos hacia una tercera reforma laboral», con la que están tan en desacuerdo que han decidido dejar las negociaciones.
– Medidas para fomentar el empleo
El PSOE se negó a aceptar el contrato único que proponía Ciudadanos, y al final han coincidido en reducir los tipos de contrato a dos: indefinido y temporal, que aplica una indemnización creciente por despido, que en el primer año será de 12 días, de 16 el segundo y de 20 el tercero, cuando se convertirá en indefinido. La regulación establecerá desincentivos para las empresas que abusen de un exceso de despidos.
El documento conjunto incluye también una batería de medidas para fomentar el empleo y mejorar la inserción laboral, que contempla entre otros un impulso de la orientación laboral y formativa, el fin de las exenciones y reducciones a la seguridad social que ha aprobado el PP, aunque sí prevé un programa de subvenciones para la contratación de parados de muy larga duración.
Proponen también, basándose en el sistema austríaco, la creación de un fondo de capitalización para los trabajadores, una especie de hucha en la que vayan guardando un porcentaje de su salario para cobrarlo en caso de despido o cuando se jubilen.
Aunque no aparece en este apartado, sino en el de medidas sociales, el acuerdo también contempla una subida de «al menos el 1% del SMI» y un complemento salarial garantizado «que tendrá naturaleza de crédito fiscal» para las rentas más bajas con cargas progresivas.
Podemos ha respondido con un contundente ‘no’ a estas propuestas laborales. Íñigo Errejón considera que el sistema del nuevo contrato temporal abarata el despido todavía más. Se ha equivocado cuando ha dicho que con la propuesta se bajarían de los 20 días de indemnización por despido actuales a los 12 que prometen, porque lo cierto es que tras la reforma laboral del PP ahora los contratos temporales también se pagan con 12 días. Lo que le parece inaceptable es el complemento salarial, porque en su opinión «subvenciona y premia a los empresarios que menos pagan», sumado a que el sueldo mínimo prácticamente se mantenga igual.
El PP incluye en su propuesta el fondo de capitalización para el despido de los trabajadores. No entra en mucho más detalle en su programa electoral, más allá de tratar de impulsar los contratos indefinidos. Sus subidas del SMI han sido muy parecidas a las que proponen PSOE y Ciudadanos, así que no es de prever que se oponga a ese 1%.
PENSIONES
El documento no muestra medidas concretas en este aspecto. Habla de reestablecer el consenso del Pacto de Toledo, garantizando la sostenibilidad del sistema, recuperando el diálogo social y político, y estableciendo cambios en los ingresos por cotizaciones para que se vincule la aportación al sistema con los ingresos realmente percibidos.
Podemos aspira a bajar la edad de jubilación a los 65 años y recuperar la indexación de las pensiones al IPC, derogando el factor de sostenibilidad. Parece difícil que PSOE y C’s acepten algunas de estas propuestas.
La falta de concreción del texto del acuerdo PSOE-C’s haría perfectamente viable un apoyo del PP a la letra del pacto. De hecho, en su programa electoral, el partido de Rajoy también hablaba de «mantener un sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad».
EDUCACIÓN
– Pacto sobre la educación
Según el documento se paralizará la puesta en marcha de la LOMCE, se configurará la beca como derecho subjetivo y se universalizará progresivamente la oferta pública para niños de cero a tres años. Se aprobará un Estatuto del Personal Docente que impulse la profesionalización de los profesores y establezca un sistema similar al MIR. Contemplan también un programa para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios y un programa de ayudas para que los titulados en paro puedan pagar un máster.
La paralización de la LOMCE, una ley educativa impulsada por el PP, y el blindaje de las becas hace prever que el PP no esté muy a favor de estas propuestas, aunque resulta difícil que se pueda negar a universalizar la enseñanza primaria o aprobar el estado de los profesores. Los populares además se han mostrado a favor de alcanzar un Pacto por la Educación, y también destaca que «el papel del profesorado ha de ser clave». Así que esto es un no pero sí…
Podemos en principio parece más cercano a estas propuestas, pues ellos también están contra la LOMCE, a favor de la enseñanza pública también para los más pequeños y de garantizar la igualdad de oportunidades mediante becas al estudio.
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y PROTECCIÓN SOCIAL
– Plan de emergencia social
Incluye un Ingreso Mínimo Vital -que no cuantifica- reconocido en la Ley de la Seguridad Social como prestación no contributiva, y un aumento de en la cuantía y la extensión de la prestación por hijo a cargo para combatir la pobreza infantil. Se compromete también a dotar de recursos el Plan Integral de Inclusión Social y la elaboración de una estrategia para la inclusión de las personas sin hogar.
El acuerdo también promete una Ley de protección contra la pobreza energética y medidas sobre los desahucios, como facilitar una solución habitacional a los desahuciados en régimen de alquiler que no supere el 30% de sus ingresos, la eliminación de la Ley hipotecaria de todas las cláusulas declaradas abusivas por la justicia, un programa de alquiler social con la SAREB y otros bancos, y declarar inembargable las ayudas y subsidios públicos que reciban las personas en situación de necesidad.
En este apartado el documento incluye también su propuesta sobre el complemento salarial y el sueldo mínimo.
Podemos comparte algunas de estas medidas, que de hecho fue el primero en formular, como el ingreso mínimo -que llama Renta garantizada- y ayudas contra la pobreza energética y los desahucios. Aunque Íñigo Errejón ha cargado contra el complemento salarial que propone Ciudadanos -dice que porque va unido a una congelación del salario mínimo-, ellos también tienen un programa de renta complementaria para trabajadores con baja remuneración.
El PP es menos dado a invertir en políticas sociales, pero en el documento con cinco propuestas que difundió en este tiempo de conversaciones y negociaciones, aunque vagamente, se comprometió a «poner el foco en el apoyo a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad», y mejorar los recursos y la respuesta de los poderes públicos ante las necesidades sociales.
SANIDAD
– Cobertura sanitaria.
Según el documento del pacto, tendrán derecho a la atención sanitaria los españoles, los extranjeros inscritos en el padrón, los extranjeros menores de edad, los extranjeros con enfermedad grave, las extranjeras embarazadas, los extranjeros miembros de la UE y los no miembros en función de los tratados internacionales.
Podemos quiere que la tarjeta sanitaria sea «para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española que pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal 90 días después de su salida del país». Recuperar las condiciones anteriores a la reforma del PP sería visto con buenos ojos por la formación morada.
En su programa electoral, el PP consideraba que España tiene el sistema sanitario «más justo, más universal y más equitativo» y que la actual tarjeta sanitaria es «un logro».
– Copago.
«Garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad». Eso dice el documento del pacto, que no habla de «anular» el copago farmacéutico, como ha dicho Sánchez en su rueda de prensa posterior a la firma.
Podemos propone eliminar «los copagos que puedan suponer el no seguimiento o la interrupción de tratamientos, especialmente en personas de rentas más bajas». Errejón ha asegurado que el documento deja «intactos» los copagos sanitarios.
Implementados durante la legislatura de Rajoy, no parece que el PP vaya a estar a favor de su derogación, ni siquiera de retocarlos, como piden PSOE y Ciudadanos. En su programa, el PP manifestaba «su defensa del modelo de farmacia español», que, según los populares, «garantiza la solidaridad en la distribución y asegura la equidad en el acceso del paciente al medicamento y al profesional sanitario».
– Dependencia.
El acuerdo propone «recuperar los principios inspiradores de la Ley de Dependencia», derogar «el incremento del copago», garantizar la equidad en las prestaciones e incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas con dependencia.
El partido de Iglesias quiere derogar los recortes del PP y reponer el nivel de financiación acordado para esta ley.
Las comunidades gobernadas por el PP han puesto trabas al desarrollo de la Ley de Dependencia durante los últimos años. En su programa, el PP tan sólo habla de promover un «pacto de Estado por los Servicios Sociales» que «incluya un proceso de evaluación de la ley de Dependencia y su sistema de financiación».
– Aborto.
Mantener la ley de plazos actual. El PSOE «se reserva la posibilidad de impulsar la reforma en relación con las jóvenes de 16 y 17 años», aunque no indica en qué sentido.
Podemos es favorable de la actual ley de plazos.
El PP recurrió al Constitucional la actual ley de plazos y estuvo cerca de reformarla por una más regresiva. Su paralización provocó la dimisión de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia.
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
– Igualdad salarial. El documento plantea promover la igualdad salarial, establecer en las 18:00 horas el fin de la jornada laboral para los funcionarios, aumentar de 18 a 26 las semanas del permiso de maternidad y paternidad (8 para madre, 8 para padre y 10 restantes a discreción), un pacto por la racionalización de los horarios, y recuperar el huso horario GMT.
Podemos pretende igualar el permiso de paternidad y el de maternidad, pero en todo caso, se trata de igualar ambos permisos, por lo que no parece difícil que haya acuerdo sobre esta materia.
Aunque el PP en su programa no concretaba nada sobre aumentar los permisos de paternidad y maternidad, sí que incluía intenciones de medidas de conciliación familiar, del teletrabajo, y de la racionalización de los horarios, aspectos también mencionados en el pacto PSOE-C’s.
DERECHOS Y LIBERTADES
– Memoria Histórica.
No se menciona el término «Memoria Histórica» en todo el documento y el apartado dedicado a esta materia se limita a esta referencia: «Revitalizar la aplicación de dicha ley incorporando la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria».
En su documento de Gobierno, Podemos quiere «promover la eliminación o resignificación de símbolos o munumentos conmemorativos de exaltación de la sublevación militar o del franquismo», algo que no menciona el pacto entre PSOE y C’s.
El PP siempre se ha opuesto a la Ley de Memoria Histórica y, de hecho, en su programa contemplaba «establecer el Relato de la verdad histórica de lo sucedido».
– Iglesia.
El pacto apuesta por una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia que revise los acuerdos con la Santa Sede «para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia católica».
Aunque no lleva nada en su documento de Gobierno, en su programa Podemos sí recogía anular el concordato.
El PP siempre se ha posicionado del lado de la Iglesia en este aspecto y nunca se han planteado revisar los acuerdos con el Vaticano.
– Ley Mordaza.
El texto del pacto plantea reformar la ley, no derogarla, como ha dicho Pedro Sánchez. En concreto, plantea «revisar los preceptos recurridos ante el Constitucional» y los que «reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad» o «los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas» y que «desplazan garantías judiciales».
El partido de Iglesias plantea directamente derogarla, no reformar determinados artículos. Además, pide «eliminar las sanciones administrativas salvo en actos ilícitos que se recojan en los supuestos sancionados por el Código Penal».
El PP nunca ha cuestionado esta ley. Es más, en un programa de televisión, durante la campaña electoral, Rajoy se preguntaba «qué tiene de malo» esta ley, a la que se refirió sin tapujos como «ley mordaza».
VIOLENCIA DE GÉNERO
El documento propone ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley del 2004 para abarcar «todas las formas de violencia contra la mujer». Pide además dotar de suficientes recursos la ley, crear una unidad de coordinación autonómica, aumentar recursos para los juzgados, establecer protocolos de intervención que incluyan la garantía habitacional, activar el plan de prevención y poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores.
El partido de Iglesias está a favor de incrementar los recursos para la ley contra la violencia de género y a favor de la alternativa habitacional.
El PP ha recibido numerosas críticas durante esta legislatura por la reducción de recursos para la lucha contra la violencia machista y por el incremento considerable de víctimas en los últimos años. Aun así, el partido de Rajoy llevaba en su programa una docena de propuestas encaminadas a mejorar este aspecto.
SENADO
El documento se refiere a la reforma del Senado en varios puntos del texto. Propone una reforma del reglamento y culminar «la normalización del uso de lenguas cooficiales». En el apartado de reforma constitucional, se plantea la «modificación de la composición y funciones del Senado» para que deje de ser una «Cámara de segunda lectura» y se especifica que se compondrá de un máximo de 100 senadores y que sus funciones estarán vinculadas «con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado».
Podemos apuesta también por reformar el Senado y convertirlo en una cámara donde se debatan y aprueben leyes que afecten a las comunidades autónomas, dejando de ser un organismo de segunda lectura.
En su programa electoral, el PP reconocía que hay que «reforzar las funciones» del Senado y «potenciar la naturaleza territorial» de esta Cámara.
REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL
El texto del acuerdo habla de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de hacer desaparecer el voto rogado, de establecer un sistema de listas desbloqueadas, de «mejorar la proporcionalidad», y de regular la celebración de debates electorales a través de una Comisión Independiente formada por «periodistas de reconocido prestigio».
Podemos quiere ir más lejos y que la reforma del sistema electoral afecte a la proporcionalidad del voto, modificando artículos de la LOREG y proponiendo una nueva fórmula de representación territorial.
El PP se opone a la reforma de la ley electoral que plantea el resto de partidos, ya que la formación de Rajoy quiere que la sólo pueda formar gobierno «la candidatura más votada en España» y también en el ámbito municipal. Además, también proponían introducir «un sistema de doble vuelta».
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
– Puertas giratorias.
El documento de PSOE y Ciudadanos propone elevar a cinco años el período de incompatibilidad «para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas, así como a fundaciones o entidades dependientes de ellas, de un sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión».
Podemos no plantea sólo elevar el período de incompatibilidad, sino prohibir «que cualquier ex cargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado».
El PP ha protagonizado numerosos episodios de lo que se conoce como «puertas giratorias» y siempre se ha excusado asegurando que es difícil discernir las incompatibilidades de un ex cargo público. En su programa electoral no recogían nada al respecto.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El documento del acuerdo propone cesar a altos cargos y suspender a concejales y parlamentarios «cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso» y suprimir los aforamientos. También plantea incrementar las penas para delitos cometidos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios o autoridades públicas y rebajar la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión para el delito de financiación ilegal de los partidos. Propone dotar de más medios a los órganos judiciales para la lucha contra la corrupción, prohibir la concesión del indulto a los delitos contra Derechos Humanos, por corrupción y por violencia de género, y asegurar que los condenados por corrupción respondan con bienes patrimoniales presentes y futuros.
La formación de Iglesias pide crear una secretaría de Estado dedicada a la corrupción, así que podría ser que a Podemos le pareciera bien algunas de las medidas que plantea el acuerdo PSOE-C’s.
El PP, imputado como partido por corrupción, y con innumerables casos de corrupción en sus filas, está de acuerdo con PSOE y C’s en obligar el cese de un alto cargo al que se le abra juicio oral. Además, sacan pecho de la Ley de Transparencia y apuestan por desarrollarla en la próxima legislatura.
REFORMA DE LA JUSTICIA
– Código Penal.
El documento del acuerdo entre socialistas y Ciudadanos propone derogar la prisión permanente revisable y el artículo 315.3 sobre derecho a la huelga.
En esto Podemos coincide en su programa electoral: «Se reforzarán las garantías para ejercer el derecho de huelga bajo el principio de autotutela, un objetivo que se conseguirá mediante la eliminación en el Código Penal de los tipos específicos relacionados con el ejercicio de este derecho».
Teniendo en cuenta que es una modificación del Código Penal llevada a cabo por el PP durante esta legislatura, no parece que vayan a estar de acuerdo con derogar estos aspectos.
– Justicia universal.
El pacto plantea revocar la reforma del gobierno del PP para que España pueda ser «otra vez referente en la lucha contra la impunidad y la defensa de los Derechos Humanos».
El partido de Iglesias ve «imprescindible» revocar la reforma del PP.
Tampoco resulta probable que el PP esté de acuerdo en recuperar la justicia universal que ellos mismos eliminaron con la reforma de la justicia.
REFORMA TERRITORIAL
– Reforma local.
PSOE y Ciudadanos quieren derogar las modificaciones en la legislación de régimen local de la Ley de Administración Local y aprobar una nueva Ley de Financiación Local.
Podemos llevaba en su programa electoral derogar la reforma de la ley local del PP.
El PP se ha opuesto en numerosas ocasiones a retirar su reforma local. Tras las autonómicas y municipales, Sánchez instó a Rajoy a hacerlo y éste respondió que no.
– Diputaciones provinciales.
En uno de los aspectos que más asperezas va a generar en el seno del PSOE, el documento del acuerdo plantea suprimir las diputaciones provinciales y crear consejos provinciales de alcaldes. Esto se incluiría dentro de la reforma exprés de la Constitución.
La formación morada apuesta por disolver las diputaciones (salvo las vascas) por ser un organismo «disfuncional y deudor de una concepción centralista del Estado». Podemos propone que sus competencias pasen a las autonomías, pero quizás estén de acuerdo con la reforma que plantean PSOE y C’s si mejora sus funciones.
El PP, en su programa, llevaba su «compromiso con las diputaciones provinciales».
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
El documento plantea apoyar los esfuerzos internacionales para una solución política en Siria, luchar contra las desigualdades en el norte de África y Oriente Medio y apoyar la coalición global contra el ISIS.
Aunque en su programa no tiene una postura concreta respecto a estos asuntos, a tenor de lo ocurrido con el pacto antiyihadista, que Podemos no suscribió, no parece que vaya a estar de acuerdo ahora.
El PP presumía en su programa electoral de haber llegado a «un pacto histórico» con el PSOE «contra las nuevas formas de terrorismo que mantiene viva la unidad de los demócratas frente al terror».
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
-Reforma urgente.
PSOE y Ciudadanos aseguran que lo que se plantea no es un proceso constituyente y que sólo se llevará a cabo si cuenta con el acuerdo mayoritario de los partidos políticos. Se proponen varios cambios: suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, revisar el sistema electoral, modificar el Senado y desarrollar el concepto de Estado Federal, entre otros.
Podemos sí apuesta por un proceso constituyente. Aunque pueda estar de acuerdo en lo relativo a la sucesión de la Corona o en modificar las funciones del Senado, el modelo de reforma constitucional que plantean unos y otros es muy diferente.
Aunque Rajoy ha abierto la mano en muchas ocasiones a debatir una reforma de la Constitución, siempre ha terminado con la coletilla de que el PSOE no terminaba de concretarla. En su programa, el PP ensalzaba los valores de la actual Carta Magna.
– Artículo 135.
No se plantea modificar este artículo. Esta es la literalidad de lo que se propone: «La determinación del alcance de la ‘estabilidad social del Estado’ a que se refiere el artículo 135 como criterio que justifica la superación de los límites de déficit y deuda pública y sus implicaciones en la garantía de dotación presupuestarias para los grandes servicios públicos».
Podemos propone «modificar» el artículo 135, reformado por PP y PSOE en 2010, y que no se priorice el pago de la deuda por encima de otra consideración económica. El pacto de PSOE y C’s, como vemos, no contempla su modificación.
El PP siempre ha defendido esta reforma y nunca ha valorado cambiar el articulado del 135, por lo que, si no se modificara, el partido de Rajoy estaría de acuerdo.
– Referéndum en Cataluña.
No se menciona en el acuerdo. En el apartado dedicado a la «revisión del Título VIII», se habla de «garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su Comunidad de origen o residencia», «determinar con precisión las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución» y «definir el alcance del principio e lealtad constitucional».
El partido de Pablo Iglesias lo considera «imprescindible» y plantea realizarlo sin modificar la Constitución, sino a través del artículo 92, que permite que «las decisiones políticas de especial trascendencia» sean «sometidas a referéndum».
El PP está en contra de la celebración de un referéndum y a favor de la unidad de España. En eso, PSOE, PP y Ciudadanos siempre han coincidido.
