El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el único voto en contra del PSOE, el primer informe con las actividades extraparlamentarias de la legislatura, con el que alrededor de 120 diputados podrán seguir compaginando su escaño con un cargo municipal, con el ejercicio de una actividad profesional o con la participación en negocios privados.
En el informe se recoge que sólo 75 diputados «no declaran ostentar ningún cargo, ni ejercer ninguna actividad». Entre ellos figuran los ‘populares’ Celia Villalobos, Teresa de Lara, Carolina España, Rafael Merino, Rosa Romero y Ramón Aguirre (expresidente del ICO); los socialistas Ciprià Ciscar, José Zaragoza (PSC) y Ricardo Cortés; Xavier Domènech, Txema Guijarro y Alexandra Fernández, de Unidos Podemos y sus confluencias; Aitor Esteban, del PNV; y Ana Oramas, de Coalición Canaria.
En cambio, en el documento constan ocho alcaldes con escaño, la mitad de ellos del PP: Camelo Romero (Palos de la Frontera, Huelva), Antonio González Teror (Boadilla del Monte, Madrid), Carmen González Guinda (Garrafe del Toro, León), y Fernando Martínez Maillo (Casaseca de las Chanas, Zamora), aunque éste último anunció que dejaba la alcaldía tras el congreso del PP.
También hay dos alcaldes del PDeCAT -Ferrán Bel, de Tortosa (Tarragona) y Sergi Miquel, de Llagostera-, uno del PSOE -Pedro Muñoz, de la localidad abulense de Cebreros- y otro de En Comú, Félix Alonso, de Altafulla (Tarragona).
Dietas de los ayuntamientos
Pero además figuran 41 concejales de distintos partidos, la mayoría de ellos del PP, como Arturo García Tizón (Toledo), Teófila Martínez (Cádiz), Elena Bastidas (Alzira) y María Jesús Bonilla (Tarancón) y Pedro Acedo (Mérida); también hay de Ciudadanos -Patricia Reyes (Boadilla) y Diego Clemente (Roquetas)-, del PNV -Idoia Sagastizabal, de Lekeitio- y de Nueva Canarias -Pedro Quevedo, en Las Palmas-.
Dos de ellos son asimismo diputados provinciales: Arturo García García Tizón y Alonso Díaz Guerra, de Toledo. A la lista de cargos locales se suma Ana Zurita, también del PP, que forma parte del Cabildo Insular de Tenerife.
La comisión subraya en su informe que la ley no ve incompatible el escaño con estos cargos locales siempre que no perciban retribuciones de sus ayuntamientos, aunque sí se les posibilita cobrar dietas por asistencia a las reuniones de los consistorios.
En cuanto a actividades profesionales ajenas al escaño, se autoriza el ejercicio de la abogacía a 17 diputados, entre ellos los ‘populares’ Rafael Hernando (portavoz del Grupo Popular), Leopoldo Barreda (presidente de la comisión) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad); Gloria Elizo (miembro de Mesa) y Sara Carreño (portavoz en la misma comisión), de Podemos; Pedro Muñoz, del PSOE, y Patricia Reyes, de Ciudadanos. A ello se suman dos procuradores de tribunales, Avelino Barrionuevo (PP) y Jaume Moya (En Comú).
Abogados, docentes, consultores, actores
En el informe se permite, además, el ejercicio ocasional de la docencia o la dirección de tesis a 24 diputados, entre los que se hallan María Jesús Moro, Alicia Sánchez Camacho y María Jesús Bonilla (PP), Marta Martín (Cs), Carolina Bescansa y Pablo Bustinduy (Podemos), Rafael Simancas y Meritxell Batet (PSOE), y Ferran Bel (PDeCAT).
Con trabajos de consultoría y asesoría aparecen Javier Ruano y Teófilo De Luis, ambos del PP. Figuran además tres arquitectos, dos del PP (Ana María Zurita y Raquel Alonso) y uno de Ciudadanos (Diego Clemente), que además ejerce como perito judicial, así como tres actores: Rosana Pastor (Podemos), Toni Cantó y Félix Álvarez «Felisuco», ambos de Ciudadanos.
Al margen de las decenas de diputados que participan en tertulias de medios de comunicación, hay tres que declaran actividades profesionales periodísticas: la escritora y articulista Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, y dos dirigentes de Podemos: Noelia Vera (redactora y presentadora de La Tuerka) y Pablo Iglesias (dirige y presenta Fort Apache).
La lista se completa con un viticultor (Miguel Angel Viso, con viñedos familiares de Ribeiro), un jornalero (Diego Cañamero, de Podemos) y un inscrito en el régimen agrario pero aún sin rentas (Miguel Barrachina, del PP).
Por último, hay 17 diputados que declaran tener participación o figurar en cargos gestores de sociedades activas, algo que el Congreso autoriza siempre que no contraten ni cobren del sector público.
Así, la diputada del PP Carmen Álvarez Arenas es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios sin contratar con la administración, aunque una de ellas, como centro especial de empleo, percibe subvenciones.
La ministra de Agricultura, Elena García Tejerina, es dueña de una planta fotovoltaica, mientras que el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, declara una central solar fotovoltaica de dos Kw. Carlos Rojas, del PP, es accionista de una empresa de producción agrícola.
Las empresas de los diputados de Ciudadanos
El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, es administrador único de una sociedad mercantil de servicios de asesoría jurídica, fiscal y laboral. Su compañera de dirección Melisa Rodríguez es diseñadora de joyas y tiene su propia empresa, mientras que Patricia Reyes, es administradora de la entidad mercantil Yayay Ediciones; Elena Faba es administradora de tres sociedades mercantiles de márketing digital; José Cano Fuster, es apoderado de la empresa familiar de restauración El Xato; y Miguel Angel Garaulet, también de Ciudadanos, es administrador único de dos sociedades mercantiles, una de consultoría y otra de intermediación de comercio.
Por último, entre los diputados hay patronos de fundación y presidentes de entidades sin ánimo de lucro. En ellos, Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), y Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Miguel Angel Blanco.
El PSOE se queda solo en el Congreso
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el primer dictamen de la legislatura autorizando actividades extraparlamentarias de los diputados, pero esta vez no lo ha hecho por unanimidad, sino que el PSOE ha optado por votar en contra porque mantiene sus dudas sobre una treintena de casos.
En la votación, los ochenta diputados del PSOE presentes en el hemiciclo se han quedado solos votando en contra, y ni siquiera ha sumado a su socio electoral de Nueva Canarias, que se ha abstenido. Todos los demás grupos han votado a favor escudándose en la legislación vigente.
El Grupo Socialista ya se abstuvo en la votación de este informe en la Comisión del Estatuto del Diputado hace tres meses, porque sigue manteniendo dudas de que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos puedan compaginar sus actividades privadas con su escaño.
En marzo se intentó votar el dictamen pero el PSOE pidió una votación separada de esos diputados y, ante los reparos de los letrados, se retiró del orden del día del Pleno. Como se iba a cumplir un año desde las elecciones, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, urgió a resolver esta cuestión y ordenó votar el dictamen este jueves.
