Incredulidad y vergüenza ajena entre los padres de las víctimas por el PSOE de Pedro Sánchez
Decepción, incredulidad, vergüenza ajena, indignación… estos son algunos de los sentimientos que ha despertado en las familias de Marta del Castillo, Diana Quer, Mari Luz Cortés, Sandra Palo o Yéremi Vargas la intervención del portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo.
Eso primero, durante el debate celebrado este 15 de marzo de 2018 en el Pleno del Congreso sobre las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Ciudadanos contra la derogación de la prisión permanente revisable.
Después llegaría votación en la que se impusieron los ‘progres‘.
El Congreso ha rechazado este jueves sendas enmiendas del PP y de Ciudadanos encaminadas a mantener la prisión permanente revisable.
Ambas formaciones solo han sumado 168 votos frente a los 178 que han logrado PSOE, Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y Bildu a favor de que continúe la tramitación de la ley para reformar el Código Penal y eliminar este tipo de condena.
El debate ha contado con la presencia de los padres de algunas víctimas como Diana Quer o Mari Luz Cortés en la tribuna de invitados. Los padres de estas niñas, que están recogiendo firmas para que se mantenga la prisión permanente revisable, se reunirán a lo largo de la mañana con el residente del gobierno, Mariano Rajoy.
El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha abierto el debate en defensa de su enmienda, que planteaba la eliminación del tercer grado y de los permisos penitenciarios para los condenados a prisión permanente revisable. «Hay que llenar las lagunas del sistema penal cuando la reincidencia es habitual», ha señalo.
La prisión permanente revisable, por la que los reos permanecen en la cárcel mientras no demuestren su rehabilitación, fue introducida por el PP en 2015 durante su etapa de mayoría absoluta. La oposición en bloque, encabezada por el PSOE, la recurrió ante el Tribunal Constitucional al considerarla una forma encubierta de cadena perpetua. El constitucional todavía no ha resuelto ese recurso.
Por eso, Girauta se ha mostrado partidario de esperar a que el alto Tribunal dicte su fallo antes de hacer efectiva la derogación de esta clase de condena. Además, el portavoz de Ciudadanos ha destacado que «si bien es cierto que las penas son para rehabilitar, también están ahí para proteger a las personas y a la sociedad».
Por último, ha salido al paso del argumento de que la prisión permanente revisable no ha logrado salvar la vida del pequeño Gabriel Cruz: «Las vidas que se salvan no están a la vista», ha argumentado tras reiterar que se partido defiende que no haya tercer grado para este tipo de delincuentes antes de 20 años. En la actualidad, la posibilidad de acceder al tercer grado se sitúa en los 15 años.
José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del PP, ha defendido la enmienda de su partido encaminada a endurecer la prisión permanente revisable aplicándola a cinco nuevos supuestos: para los secuestros que acaben con la muerte del rehén, para los violadores en serie, para los atentados contra infraestructuras clave, para los casos en que se pretenda ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo y para quienes causen incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas.
El parlamentario popular a recordado las palabras que le dijo el padre de una de las víctimas:
«¿Venganza? Eso no es lo que queremos. Queremos justicia para que otros padres no sufran lo que vivió nuestra hija».
Bermúdez de Castro ha insistido en que esta polémica herramienta penal «sirve para proteger a los más vulnerables frente a los crímenes más horribles» y ha asegurado que «la mayoría de los españoles están a favor de que se mantenga».
También ha hurgado en la herida del cambio de estrategia de Ciudadanos.
«La formación naranja defendió en octubre de 2017 en el Congreso que la prisión permanente revisable es demagogia punitiva, ahora, con otro portavoz, hacen un discurso muy distinto y defienden la prisión permanente revisable. Bienvenidos».
La idea de derogar este tipo de condenas surgió del PNV que considera que su aplicación puede llevar a «un Derecho Penal totalitario, desigualitario, desproporcionado e injusto».
