Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de junio de 2019, los políticos se consolidan como el segundo problema de los españoles, sólo superado por el desempleo.
Si a la situación de parálisis que vivimos se le añaden hechos como los que señalamos en la noticia de hoy, no cabría descartar que esta preocupación de los ciudadanos acabe ocupando el primer puesto.
Constituir las comisiones parlamentarias para que éstas comiencen a rodar en pleno agosto, cuando la situación de atonía institucional es total y absoluta, sólo tendrá una consecuencia práctica: el desembolso de más de un millón de euros en pluses para sus señorías, además de su sueldo.
No habrá nadie trabajando en el hemiciclo, así que los complementos salariales no se otorgarán en función de ningún trabajo real.
En este sentido, es de justicia reconocer el sentido común de la propuesta de Vox, en la que pidió en la Junta de Portavoces que los integrantes de las nuevas comisiones no cobren los complementos salariales hasta el mes de septiembre, que es cuando las tareas se comienzan a realizar.
A quien, en cambio, se le ha visto el interés crematístico ha sido al senador Manuel Cruz, del PSOE, que ha luchado, y finalmente conseguido, que todas las comisiones estén constituidas a la vez el 31 de julio de 2019, independientemente de que haya o no un nuevo gobierno.
Como es evidente que no lo habrá, se entiende la preocupación expresada con anterioridad por parte de Partido Popular, Ciudadanos y Vox de que poner en marcha las comisiones para antes de las vacaciones podría generar un escándalo en la opinión pública.
Efectivamente, está siendo así. España lleva desde 2015 instalada en la anomalía política permanente.
Se necesita cuanto antes que la política vuelva a ser un factor de estabilidad y de ejemplaridad.
Gestos como los señalados constituyen un caso de lo contrario; sólo contribuyen a aumentar la desafección de los españoles hacia las instituciones.
