Pablo Casado, que le ha llamado a la cara mentiroso siete veces seguidas, ha apretado muy duro a Pedro Sánchez pero ha dejado claro que esta vez -quizá la última- el PP volverá a apoyarle y respaldará con sus votos la prórroga del Estado de Alarma.
Santiago Abascal, al que hace mucho que se le terminó la paciencia ha restregado por la cara del presidente socialista que «la gestión criminal» del Gobierno PSOE-Podemos está provocando que España sea «el país del mundo con la mayor tasa de contagiados y de muertos» por el coronavirus, y va a votar en contra. No podía dese de otra manera cuando llama a Sánchez “matasanos» y se opone a la “nueva normalidad” con cartillas de racionamiento.
Ciudadanos está por tender puentes y se ha manifestado, con todas la reticencias, a favor aunque su mano tendida “no es un cheque en blanco”.
Edmundo Bal subraya las equivocaciones en la gestión y reprocha a Sánchez que no llamara a la oposición para consensuar las medidas: “Su plan no es serio ni seguro. Lo que ha creado usted es preocupación, mucha preocupación en las familias, en los autónomos».
Hasta ahí, lo normal y esperable, pero es que ahora son los ‘amiguetes‘ que lo metieron en La Moncloa, los que se lo están poniendo crudo a Sánchez.
Todas las fuerzas políticas, de cualquier signo ideológico, constitucionalistas o independentistas, grandes o pequeñas, endurecen sus críticas al Gobierno socialcomunista y reclaman un cambio de actitud para aceptar la prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo.
Los votos que hace tan solo cuatro meses convirtieron a Sánchez en presidente, hoy se revuelven contra su desastrosa gestión en la crisis del coronavirus.
Una reclamación que ha unido al bloque de la derecha y de la izquierda en la petición de más transparencia y diálogo y que condiciona el futuro aval del Congreso a una nueva prórroga del estado de alarma.
Nuevos casos de mascarillas defectuosas distribuidas por el Gobierno de España a sanitarios de Madrid y Andalucía. Cuesta creer q sea solo incompetencia. En todo caso, la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez es más que política, creo que es tb. penal. https://t.co/DLHX1b89q9
— Rosa Díez (@rosadiezglez) April 29, 2020
Se vota la próxima semana y el si es imprescindible para que el Gobierno ponga en marcha el plan de desescalada, que en teoría llevara hacia ese eufemismo fascistoide que Iván Redondo y sus gurús han bautizado como la «nueva normalidad».
La crítica más reiterada, desde todos los ángulos, tiene que ver con la falta de comunicación con los partidos y con las medidas tomadas sin consenso.
Los reproches también llegan desde ERC y vestidos de amenaza, a su estilo.
Su portavoz, Gabriel Rufián en su pregunta sobre el plan de desconfinamiento con el que trabajan en Moncloa a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, aprovechó para criticar al Ejecutivo por la falta de diálogo y de transparencia en la gestión de la crisis sanitaria con aquellos que le apoyaron en la investidura.
Y les ha avisado de que la falta de consenso por parte del presidente del Gobierno es la de entenderse con el bloque de la derecha.
“La alternativa a no entenderse con nosotros es Torquemada Abascal y sus colegas”.
La ministra para la transición Ecológica y reto demográfico contestó que el presidente del Gobierno y ella misma ya explicaron ayer las líneas generales del nuevo plan de desescalada.
A lo que Rufián respondió sarcástico: «Ya vi la rueda de prensa. Es la única fuente de información que tenemos».
«Reflexionen sobre sus pasos dados si quieren mantener el espíritu de los 180 diputados de la moción de censura”.
LA REBELIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La idea del Gobierno de utilizar la provincia como límite territorial para llevar a cabo la desescalada no ha gustado en varios de los Ejecutivos autonómicos.
Comunidades como Galicia, Aragón, Cataluña o el País Vasco son partidarias de que las medidas de desconfinamiento vayan aplicándose en divisiones territoriales más pequeñas y que pueden, a su juicio, ser más precisas a la hora de determinar las zonas donde es posible avanzar más rápidamente.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reune con las comunidades en un nuevo Consejo Interterritorial en el que los Gobiernos autonómicos podrán expresar sus dudas, que Illa se ha comprometido a estudiar.
No obstante, varios ya lo han hecho en público.
Es el caso de Galicia, donde su presidente, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este miércoles que la planificación del Gobierno es «confusa, discrecional» y tiene «serias lagunas de eficacia y utilidad».
El mandatario gallego no comparte que los vecinos de municipios limítrofes con otras provincias no puedan desplazarse si la provincia aledaña se encuentra en la misma fase de desescalada que en la que reside.
«No tiene sentido que un vecino de Padrón pueda ir a Ortigueira y que no le dejen pasar a Pontecesures».
En la misma línea se han pronunciado los gobiernos catalán o vasco.
En el caso de Cataluña, la Generalitat independentista ha pedido utilizar las áreas sanitarias, subdivisiones de las siete regiones sanitarias en las que se divide la comunidad, como límites territoriales para el desconfinamiento progresivo.
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, sostuvo este miércoles que las provincias tienen un «protagonismo nulo» en términos de competencias para la gestión de la salud pública.
Pero también varias comunidades gobernadas por presidentes socialistas han mostrado sus reservas en relación a la decisión del Ejecutivo central.
Es el caso de la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, Ximo Puig, afirmó este miércoles a las claras que «el marco provincial no es el adecuado» para abordar la desescalada.
Para Puig, el marco que habría que aplicar es el de las áreas de salud de su autonomía, ya que «las comarcas muchas veces tienen una interrelación que va mucho más allá de lo que son los límites provinciales».
Al presidente de Aragón, Javier Lambán, tampoco le convence el método del Gobierno y el martes aseguró que «no recoge la realidad de la comunidad» porque «no atiende a la especificidad del medio rural».
La propuesta aragonesa es diferente a la de otras comunidades y se basa en un desconfinamiento gradual basado en la población de los municipios, por el cual algunas localidades pequeñas podrían avanzar más rápidamente que los grandes núcleos de población.
Un criterio similar es el que plantea el presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García Page, que en una entrevista a El Mundo hace unos días consideraba que «la provincia no es el mejor instrumento de planificación», al menos en su región.
«En Guadalajara hay comarcas con menos habitantes por kilómetro cuadrado que en Siberia y otras, más urbanas, con miles. Creo que la escala debe ser otra. Municipios, áreas o comarcas donde pueda producirse un desconfinamiento mayor, pero limitando su movilidad con otras».
También la Junta de Castilla y León ha mostrado sus reservas sobre la provincia como ámbito de aplicación de la desescalada.
Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha asegurado que es «esencial» que las entidades locales impulsen directamente el desconfinamiento, mientras que el vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos) fue en la misma línea y señaló que el Gobierno regional considera que la progresiva reanudación de la actividad debe producirse en un ámbito menor al de la provincia.
