La corrupción impregna a Podemos, desde la cúpula a la base. Las irregularidades y corruptelas en torno a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y sus compinches no dejan de sucederse y cada revelación conocida con repercusiones judiciales es siempre más grave que la anterior.
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de crear una comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Unidas Podemos.
Según ha anunciado en Twitter la nueva portavoz del grupo parlamentario popular, Cuca Gamarra, con esa iniciativa, la formación de Pablo Casado pretende que «se retrate» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«Si Podemos no tiene nada que ocultar, no tendrá inconveniente en que esa comisión de investigación se desarrolle en el Congreso. Si Podemos la quiere bloquear, el PSOE tendrá que demostrar si está dispuesto a estar en el poder a cualquier precio o si está dispuesto a que se investigue lo que su socio ha hecho en relación a la turbia financiación que se está descubriendo y que los tribunales ya están investigando», ha explicado Gamarra en una entrevista concedida al diario La Razón.
El partido de los zarrapastrosos, que llegaban supuestamente a limpiar el panorama político español, ha empezado a convertirse en una organización fantasmagórica, en la que todo resulta oscuro y donde nadie da la cara salvo para insultar a quienes les denuncian o critican.
La petición del PP se registró este 21 de agosto de 2020, el mismo día en que se conoció que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectó indicios de responsabilidad penal en las cuentas electorales de Podemos en relación con los comicios de abril de 2019.
El PP solicita la creación de una comisión de investigación de seis meses de duración que investigue las cuentas de Unidas Podemos para estudiar si se han dotado de fondos opacos con adjudicaciones irregulares de contratos u otros cauces de financiación al margen de la ley, y dirimir si de esas prácticas se pueden derivar incumplimientos.
Un frente que se suma al que abrió en julio el juez de instrucción número 42 de Madrid, que ha imputado a Podemos en la causa abierta por malversación y administración desleal tras la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente, que expuso sus dudas sobre la legalidad de contratos de la campaña electoral, las obras en la nueva sede de la formación, la gestión de la «Caja de Solidaridad» del partido así como los salarios.
En la petición registrada en el Congreso, el PP asegura que la financiación de Podemos «arrastra desde su origen sombras de sospecha tanto por la falta de transparencia del mecanismo de crowfunding con el que dice financiarse como por sus públicas conexiones con dictaduras internacionales».
El grupo popular considera que esas sombras «se ciernen ahora sobre el secretario general» y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, «revistiendo una gravedad que exige el pleno esclarecimiento» de lo ocurrido, asegura el documento presentado por Gamarra al Congreso.
«Las causas judiciales se resolverán, pero las responsabilidades políticas deben dirimirse» en el Congreso, apunta el texto firmado por Gamarra, ya que «dilucidar y asumir responsabilidades políticas refuerza la confianza ciudadana en el buen funcionamiento de las instituciones».
