Este 14 de octubre se da el pistoletazo de salida en el Congreso de los Diputados a una de las tramitaciones parlamentarias de mayor gravedad en la historia de nuestra democracia: la nueva Ley de Memoria Democrática.
Y es que, no nos engañemos, desde este Parlamento con mayoría de socialistas, podemitas, independentistas y filoetarras, se puede minar gravemente la democracia. Y lo van a hacer. Aunque de momento tengan pegas por doquier de los rufianes (ERC).
Es el mayor ataque a la libertad de cátedra que se haya dado nunca en el Occidente Democrático, por la aplicación de una norma que sepultaría la investigación sobre la realidad de la II República. Ningún Parlamento en el mundo tiene la facultad de legislar sobre la verdad o sobre lo que cada uno quiere pensar y recordar. Pero esto es España.
Será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de presentar en la tribuna del Congreso la Ley, que ahondando un poco más muestra algunas costuras de lo más peligrosas…
Verdades de nuestra Historia, ahora mancilladas
Cuenta El Debate que esta nueva ley va a sepultar entre otras cosas la realidad de la Guerra Civil. Un gran ejemplo de lo que es el resto del texto.
En el campo de la Guerra Civil, que por sus naturales características provoca represiones en ambas retaguardias, sólo pueden ser estudiadas las víctimas de los nacionales, excluyendo de su conocimiento las matanzas sistemáticas llevadas a cabo por las checas de los partidos del Frente Popular y del PNV, los asesinatos masivos de Paracuellos, en los navíos prisión, en la mina de Camuñas (Toledo), en los trenes procedentes de Jaén o en los desfiladeros del Pirineo leridano.
Sus víctimas principales fueron religiosos, militares, miembros de partidos derechistas, propietarios agrícolas y acólitos de asociaciones piadosas de la Iglesia. Del mismo modo, tampoco pueden estudiarse a los voluntarios internacionales que ayudaron a los nacionales, donde no sólo estuvieron presentes alemanes e italianos, sino irlandeses, portugueses, franceses y rusos blancos. No obstante, tampoco se puede investigar la incitación al odio contra el «moro», en la propaganda de los frentepopulistas, por su vinculación a las unidades de regulares y de la Mehal-la Jalifiana. Tampoco sería posible estudiar la represión republicana contra los combatientes no comunistas, como anarquistas o troskistas, depurados en la retaguardia, como fue testigo George Orwell. Cómo la desarrollada por el diputado comunista francés, Andre Marty, en Albacete, en cuyo informe al comité central de su partido, afirmaba haber eliminado a cinco centenares de brigadistas por desviacionismo ideológico.
Y para ello, la Educación
Porque el Gobierno comenzará el adoctrinamiento en esta nueva Memoria Democrática desde el próximo curso y arrancando con los niños de 12 años. Lo explica Ana Isabel Martín en El Debate:
El Ministerio de Educación y Formación Profesional se propone incluir la materia en el curso 2022-2023, sin tiempo que perder. Aunque no será una asignatura en sí como la polémica Educación para la Ciudadanía de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que impregnará varias. Entre ellas, y según fuentes del departamento, Educación en valores Cívicos y Éticos (de nueva creación tras la aprobación de la nueva Ley de Educación en diciembre de 2020) y Geografía e Historia.
Escandaloso silencio de la Universidad y las grandes instituciones culturales
Lo peor de este atropello no es solo el acto en sí, sino también el escandaloso silencio que desde algunas instituciones se está produciendo y que jamás podríamos esperarlo.
Ya contaron en OkDiario que el ministro Castells -el que no hace nada- en este caso sí obligará a las universidades privadas a divulgar el contenido de la ley…
La próxima Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) -que este martes ha pasado su primer trámite en el Consejo de Ministros- es uno de ellos. Según consta en el articulado, las universidades deberán promover «en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática como forma esencial de educación de las nuevas generaciones». El texto no hace diferenciación alguna entre centros públicos y privados. El Ejecutivo pretende imponer así su ideología sobre la ‘desmemoria’ al alumnado. Una intención que se va reflejando en todas las etapas del proceso educativo.
Pero ni por esas han abierto la boca en las universidades, que parecen achantadas, ni tampoco en otras instituciones atropelladas, como la RAE y otros organismos culturales