Todo lo malo es susceptible de empeorar.
Y el esperpento vivido en el Congreso de los Diputados el 3 de febrero de 2022 con motivo de la aprobación de la reforma laboral de Yolanda Díaz tiene visos de agrandarse más.
Si no fueran pocos los ingredientes que ya hay en este potaje político: un diputado del PP que mete la gamba y una presidenta de la Cámara Baja que se niega a aplicar como Dios manda el reglamento, ahora es la propia Meritxell Batet la que le añade más picante a la pitanza.
El diario La Razón cuenta que la política socialista reconoció a tres diputados del PP: Teodoro García Egea, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, que «el sistema de televoto está cogido con pinzas».
Independientemente de que el popular Alberto Casero la pifiase del todo, tal y como unos compañeros suyos se han encargado de filtrar a El País, la propia Batet y otros diputados que conforman el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo certifican que el modelo actual de televoto «es una chapuza que no se ajusta al Reglamento del Congreso«.
Un veterano diputado va más allá y precisa que:
Igual algún día el Tribunal Constitucional dice que se ha hecho todo mal durante la pandemia. Pero esto no afectaría sólo a la votación de la reforma laboral, sino al sistema que se inventaron.
Lo cierto es que aunque Batet y otros parlamentarios reconocen que el sistema no es precisamente la panacea, lo cierto es que Casero se quedó compuesto y sin poder votar presencialmente.
El único compromiso que el Partido Popular ha conseguido arrancar de una inflexible Batet es que se pedirá un informe a los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados. Pero no es más que una simple cuestión cosmética porque la vía política para arreglar el entuerto ha quedado cegada.
Y ahora será la Justicia la que tenga que sustanciar este escándalo. Por lo pronto, ya está tramitándose una denuncia en los juzgados de la Plaza de Castilla.
Pero todos son conscientes, comenzando con el autor de la pifia y terminando por la autora de la presunta prevaricación parlamentaria, que el asunto acabará despachándose en el Tribunal Constitucional.
Y para entonces, cuando se conozca el fallo, igual España ya ha visto pasar otras siete reformas laborales.
