CARLOS GUTIÉRREZ VICÉN REINTERPRETÓ LA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE ALBERTO RODRÍGUEZ HASTA QUE MANUEL MARCHENA LE OBLIGÓ A EJECUTAR LA MISMA

El letrado que asume la cacicada de Batet también apoyó que el pateapolicías podemita siguiera en su escaño

La máxima autoridad jurídica del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo tuvo que enmendar su primer informe y acabar adhiriéndose a la exigencia de expulsión del parlamentario tinerfeño

Tribunal Supremo
Meritxell Batet y Alberto Rodríguez.

Toca agarrarse los machos con el letrado mayor del Congreso de los Diputados.

Carlos Gutiérrez Vicén, que así se llama el personaje en cuestión, tiene una curiosa formar de interpretar las normas.

Eso sí, siempre que se amolden a los deseos de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet.

Más allá de la cacicada perpetrada con Alberto Casero (PP), este experto en leyes también tuvo su ‘momento de gloria’ cuando forzó la maquinaria para que Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) conservara su escaño.

Y eso a pesar de la condena del Tribunal Supremo que le obligaba a quedarse sin el acta de diputado tras acreditarse sus agresiones a patada limpia contra un policía en una manifestación estudiantil en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) en el año 2014.

Según detalla Okdiario, el letrado mayor intentó por todos los cauces que el podemita conservase intacta la condición de parlamentario.

Incluso se esgrimió el argumento de que la sustitución de la pena de cárcel por una sanción hacía que la sentencia del Supremo no tuviese efectos extra penales.

Se consideró que no concurría causa de incompatibilidad sobrevenida de la Ley Electoral ni tampoco la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado, contemplada en el reglamento del Congreso.

PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en la Mesa del Congreso, respaldaron el informe de los servicios jurídicos y así poder mantener el escaño a pateador Alberto Rodríguez.

Sin embargo, en cuanto el Tribunal Supremo y, más en concreto, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, remitió una carta a Meritxell Batet en la que le advertía que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo era una pena accesoria obligada, el criterio cambió 180 grados.

Finalmente, el letrado mayor corrigió su informe y tuvo que adherirse a la petición formal para que el diputado tinerfeño de Unidas Podemos tuviese que dejar su acta en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo y aceptar el hecho de que la sustitución de la pena de prisión por una sanción económica implicaba, igualmente, la salida de Rodríguez del hemiciclo.

HASTA LA GUARDIA CIVIL AFEÓ LA POSTURA DE BATET

Incluso la Benemérita le dio un pescozón importante a la presidenta del Congreso de los Diputados por sus artimañnas para tratar de que Alberto Rodríguez no perdiese su condición de parlamentario.

Para la Guardia Civil, la actitud de Batet era un claro signo de no respetar el principio de la autoridad y tratar de imponer el partidismo y el favor a su socio de Gobierno, Unidas Podemos:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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