La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez es agobiante.
El líder del Ejecutivo no puede sacar adelante ninguna de sus medidas y para sobrevivir, ha de claudicar y ceder en todo a sus socios del Frankenstein 2.0. Bien sea un palacete del Estado español al PNV, que una cuestión de confianza a Junts.
Así las cosas, la Mesa del Congreso ha aprobado por unanimidad el tramitar la proposición no de Ley impulsada por el partido del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, en la que piden que el presidente de Gobierno se someta a este mecanismo.
Sin embargo, Sánchez no ha dado su brazo a torcer tan fácilmente. Los independentistas han tenido que cambiar el texto hasta en dos ocasiones, ‘rebajándolo’ hasta que fuese aceptado por el PSOE para votar a favor y que se tramitara por unanimidad. Cabe recordar que los de Puigdemont registraron la petición por primera vez el pasado 9 de diciembre.
Con la luz verde de la Mesa del Congreso -dominada por el PSOE y Sumar– se abren dos fechas para la discusión de la proposición no de Ley: el 25 de febrero o el 11 de marzo.
Pese a lo grave o relevante que pueda parecer la cuestión de confianza, lo cierto es que es un vodevil por parte de Junts para escenificar el dominio que tienen sobre Sánchez.
En primer lugar, porque el mecanismo es una prerrogativa que le confiere la Constitución en exclusiva al presidente de Gobierno, que luego de discutirla en el Consejo de Ministros, la debe llevar al Congreso.
En segundo lugar porque no es vinculante; es decir, de perderla, el jefe del Ejecutivo no tiene obligación de renunciar ni de disolver las cortes. Aunque quedaría muy tocado en lo político, en un escenario normal.
En tercer lugar, el hecho de que la sea una proposición no de Ley, hace que la resolución emitida por el Congreso tampoco sea vinculante. Es decir, aunque Junts vote en contra, no afecta en nada al líder del PSOE. Para completar el esperpento, en el propio texto redactado por los de Puigdemont y revisado por los socialistas, se manifiesta de forma expresa que la medida solo tiene un valor político.
La razón de todo este paripé, argumentan los independentistas catalanes, es quejarse de la falta de voluntad política de Sánchez para cumplir con los acuerdos alcanzados -como la amnistía a medias al prófugo Puigdemont o el catalán en el Parlamento europeo- por lo que no existe la “posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura”.
La tramitación de este vodevil de Junts fue el pago de Sánchez a Puigdemont por su ‘cambio de opinión’ respecto al decreto ómnibus. Durante la negociación el PSOE aceptó a tramitarla si cambiaban el texto. Los independentistas modificaron su solicitud inicial y pasaron de exigir al presidente a que planteara la cuestión de confianza a “considerar la oportunidad” de llevarla al Hemiciclo.