Esos tipos que fardaban de coches regalados y de dinero fácil, esa desahogada morralla que celebraba su propia corrupción yéndose de putas con la banda de Don Vito no puede chulear a ningún hombre honrado que tenga las manos limpias y la cabeza despejada
El arte de la política exige siempre, de un modo u otro, la necesidad de matar. A daga, como César Borgia, o a veneno, como su padre. A espada, como Alejandro, o a besos, como Cleopatra.
En la modernidad democrática esa liquidación del adversario reviste el civilizado ropaje del ostracismo, la expulsión o la condena, pero se trata del mismo principio de eliminar para crecer; el poder sólo se consigue y se retiene aniquilando.
Hasta la psiquiatría preconiza el asesinato moral del padre como premisa para la independencia del adulto. Un político no alcanza la autoridad hasta que no ejercita su mano destructora.
EL MIEDO NECESARIO
Necesita inspirar respeto, o al menos miedo; si es posible, miedo a su sentido de la justicia, pero miedo. Y como subraya Ignacio Camacho en ABC, a Mariano Rajoy le ha llegado la hora de hacerlo ver; por cuestión de supervivencia. O mata o muere.
Hasta ahora, el líder del PP había mantenido ante los conflictos una observancia contemplativa que benévolamente podía pasar por cachaza gallega.
A veces hasta le ha salido bien; el tiempo y los errores ajenos han propiciado incluso la autoeliminación de sus rivales.
Pero ha llegado un momento en que esa forma de administrar los plazos puede confundirse con debilidad ante lo único que un dirigente no puede mostrarse débil: el golferío, la mangancia, el latrocinio.
La pringue del «caso Gürtel» reclama gestos explícitos, decisiones tajantes. Por ética, por estética, por decencia, por educación.
Esos tipos que fardaban de coches regalados y de dinero fácil, esa desahogada morralla que celebraba su propia corrupción yéndose de putas con la banda de Don Vito no puede chulear a ningún hombre honrado que tenga las manos limpias y la cabeza despejada.
Para hacerse respetar, Rajoy va a tener que instalar en la puerta de la sede de Génova una guillotina como la de la Convención, y al frente de un Comité de Salvación Pública (y en este caso también privada) ejercer de jacobino implacable con sus propias filas.
Y no va a bastar con las cabezas de cuatro pringados de medio pelo; o hace rodar las de unos cuantos próceres o no quedará quien le mantenga respeto.
Eso puede implicar el desmantelamiento de alguna ejecutiva regional y acaso la remoción de alguna candidatura, pero la cuestión que se dilucida es la de dónde está el poder real del Partido Popular: si en la Presidencia nacional o en las baronías autonómicas.
Más allá del fondo cenagoso del proceso judicial estamos ante un escándalo de formas y conductas inadmisibles ante el que el presidente del PP no tiene que liderar sólo a un partido sino a todo el centro derecha español, que no puede sentirse representado por un hatajo de rufianes.
Es la honestidad de ese enorme segmento social lo que demanda una respuesta incontestable.
Y esta vez existe para aportarla un tiempo objetivo mucho más perentorio del que suele medir su parsimonia táctica.
ESPERANZA CORTA POR LO PODRIDO
Los tres diputados de la Asamblea de Madrid imputados por cobrar sobornos -en dinero y en especie- de la trama de Correa abandonaron ayer el Grupo Popular, en respuesta a la petición expresa de la presidenta madrileña.
Lo mismo hicieron los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, al dejar los grupos municipales del PP. Esperanza Aguirre les pidió también que dejaran el escaño, aunque, como ella misma aclaró, la Constitución establece que el acta pertenece a los parlamentarios, no a los partidos.
Al forzar el pase al Grupo Mixto de López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco -suspendidos de militancia en el partido hace meses-, la dirección del PP madrileño les exige las responsabilidades políticas pertinentes, ya que el levantamiento del secreto del sumario ha puesto en evidencia que los indicios de su implicación en la trama corrupta son muy sólidos.
Indudablemente, la asunción de responsabilidades en la Comunidad de Madrid está más clara que en Valencia, puesto que se trata de personas imputadas por los jueces.
LA PECULIARIDAD VALENCIANA
Ningún cargo público valenciano ha sido aún acusado formalmente, pero es evidente que la dirección del PP está alí sacudida por un escándalo político motivado por las demasiado estrechas relaciones de los cabecillas de la trama -cuya última actividad conocida es el servicio de chicas de alterne a políticos del PP- con los responsables del partido en esa comunidad.
Ello está produciendo un grave deterioro para la imagen del PP, como ayer subrayó Rita Barberá. Fue precisamente la alcaldesa de Valencia, que no hace mucho defendía con pasión a Camps por el asunto de los trajes, quien dio en el clavo al afirmar que los políticos tienen que «dar explicaciones y tomar decisiones».
A tenor de la encuesta que este viernes pública El País, el PP de Camps subiría siete escaños si hoy se celebrasen elecciones en la Comunidad Valenciana, pero el 53% de los ciudadanos cree que el presidente autonómico no dijo la verdad sobre el pago de los dichosos trajes.
Mariano Rajoy ha pedido a Camps que destituya al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, cuyo compadreo con Álvaro Pérez ha quedado acreditado en la transcripción de sus conversaciones.
Francisco Camps, a través de un hombre de su máxima confianza, ha pedido ya al secretario del PP valenciano que dimita.
Se usa la palabra «temporal» para adjetivar esa dimisón, pero a Costa le quedan horas y su cabeza no debería ser la única que ruede hacia el cesto de la guillotina.
