Me parece más grave es que el Poder Judicial y los jueces ignoren qué es Sitel
El PP ha sorprendido estos días con una ofensiva hasta ahora inédita contra el Ministerio del Interior y la utilización del revolucionario sistema de escuchas y vigilancia Sitel, un software comprado por el PP, pero puesto en marcha de forma generalizada por el Gobierno socialista. En una entrevista que publica hoy La Gaceta, Gónzález Pons ha subrayado que «estoy diciendo que Sitel es un sistema capaz de escuchar y grabar el cien por cien de las vidas del cien por cien de los españoles».
-Piden que las escuchas se regulen por ley orgánica. ¿Por qué?
-En España la Constitución garantiza el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal. La Constitución obliga a que sus limitaciones estén reguladas por ley orgánica. Y sin embargo no tenemos tal ley orgánica. Es una garantía que se está incumpliendo.
-Rubalcaba dice que esto ya está regulado por ley orgánica. Habló el sábado de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Telecomunicaciones.
-La Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal tiene sólo un artículo que regula la grabación de conversaciones. El problema es que Sitel no sólo permite grabar conversaciones, sino que además desposee a las personas de su derecho a la intimidad. Su poder es inmenso y los límites que debería ponerle la ley no existen. Rubalcaba mintió, una vez más, al decir que la Ley General de Telecomunicaciones tiene carácter orgánico.
-¿Por qué lo pide ahora el PP y no, por ejemplo, hace cuatro años?
-Sitel es uno de los secretos mejor guardados del zapaterismo. Es el puñal que Zapatero le ha clavado a los derechos civiles de los españoles. Y hasta ahora no nos hemos enterado de cómo se está utilizando contra todos.
-¿Qué cree que está haciendo el Gobierno con Sitel?
-Lo está utilizando sin cobertura de ley orgánica, sin garantizar que los discos duros donde se graba la vida privada de los ciudadanos estén a salvo de manipulaciones y filtraciones y sin haber informado a los jueces de la poderosa máquina con la que ahora se realizan las investigaciones penales. Los gobiernos socialistas tienen la fea costumbre de intentar encontrar atajos en el Ministerio del Interior. Estamos ante la Ley Corcuera de la patada en el móvil.
-¿Están escuchando a estos ciudadanos o pueden hacerlo?
-Sitel no te graba la conversación, te graba la vida. Estoy diciendo que Sitel es un sistema capaz de escuchar y grabar el cien por cien de las vidas del cien por cien de los españoles. Y que no está administrado por la Justicia, sino a las órdenes de los políticos que mandan en la Policía. No digo que se esté escuchando a todo el mundo, digo que la posibilidad de que se escuche a todo el mundo existe. No afirmo que haya escuchas ilegales, afirmo que en España hay un sistema ilegal de escuchas.
-¿No es suficiente control el de la Policía?
-El proceso de Sitel debería estar controlado por la autoridad judicial. Pero hoy por hoy no sabemos cuántos centros de interceptación de llamadas existen ni dónde están físicamente. Y tampoco tiene una ley orgánica que garantice la autenticidad de lo grabado y el encriptado de la información. No sabemos tampoco quién dirige esos centros ni quién asume la responsabilidad de la autentificación y custodia de los contenidos almacenados. La verdad es que la intimidad de los españoles está en manos del Ministerio Nosabemos y el pueblo quiere saber.
-¿Qué le parece que el Gobierno tratase de regular en secreto la interfaz de Sitel, cuando creó la orden y pidió “sigilo” y evitó el trámite público?
-Me parecen muy grave las decisiones que a oscuras María Teresa Fernández de la Vega ha tomado respecto a Sitel. De hecho, son indicativas de algunas cosas que han pasado posteriormente. Ahora bien, lo que me parece más grave es que el Poder Judicial y los jueces ignoren qué es Sitel, cómo opera, y no puedan por lo tanto controlar su funcionamiento.
-¿Usted pide la anulación de los juicios basados en Sitel?
-Ocurriría lo mismo que sucedió con la Ley Corcuera. En cada uno habría que ver si Sitel ha sido determinante para la decisión del juez o no.
