El secretario general del PP balear, Miquel Ramis, y la diputada Mabel Cabrer han ratificado y ampliado hoy su denuncia por supuestas irregularidades en la concesión de las obras de reforma del metro, y han pedido a la Fiscalía que la investigue con «la misma fuerza» empleada en otros casos de corrupción.
Ramis y Cabrer han acudido a las nueve de la mañana al juzgado de instrucción número 7 de Palma, ante el cual el PP presentó hace semanas una denuncia por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude en la concesión de las citadas obras durante la actual legislatura por parte de la empresa Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), dependiente de la Conselleria de Movilidad.
Según ha recordado el secretario general del PP balear a los periodistas citados en los juzgados de Vía Alemania, hace aproximadamente un año el PP puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción estas supuestas irregularidades, sin que desde entonces hayan tenido noticias de investigación alguna al respecto.
Por ello, hace semanas el partido decidió presentar una denuncia ante el juzgado, en la cual ponen de relieve las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de distintos contratos de consultoría y asistencia técnica por un valor total de 10,5 millones a la empresa Ineco, sola o en unión con la sociedad Grusamar.
Según ha explicado Ramis, esta cantidad se adjudicó en varios contratos que en ocasiones se otorgaron «directamente a dedo» y en otros casos «de forma irregular».
Además, ha indicado, estas supuestas irregularidades vienen respaldadas por el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008 presentado hace unos días, en el que, según Ramis, «dice expresamente que se ha dado de forma fraudulenta, a dedo, estos importes millonarios».
Así, los miembros del PP no solo han ido hoy al juzgado para ratificar la denuncia, sino también para ampliarla con este estudio de la Sindicatura.
En este informe se refleja, según indicó el PP, que en 2008 solo el 10 por ciento de las adjudicaciones de SFM se realizaron mediante concurso público, y el resto se concedieron «a dedo».
El PP afirma que el órgano fiscalizador también pone el acento en que la empresa pública adjudicó a la unión temporal de las empresas (UTE) Ineco-Grusamar un contrato de consultoría para determinar cuáles eran las obras de emergencia necesarias para solventar los problemas de inundación que padecía el metro.
Ese contrato, según la denuncia, se realizó sin un precio máximo y contemplaba también que la UTE llevara a cabo la dirección de las obras, lo que representaba que cuantas más reparaciones señalaba como urgentes más ingresaba.
Además de esos trabajos, adjudicados sin concurso y que reportaron a Ineco-Grusamar casi 2,5 millones de euros, la empresa pública ferroviaria encargó a estas empresas trabajos de consultoría y asistencia para sus inversiones y proyectos de 2008.
El PP asegura en la denuncia que esta adjudicación, que sí se hizo por concurso, estaba decidida de antemano, como Cabrer trató de demostrar dejando constancia ante notario de que la UTE señalada ganaría el concurso días antes de que el resultado se hiciera público.
«Lo que esperamos es que la Fiscalía Anticorrupción tenga la misma fuerza, la misma voluntad de investigación con los casos que afectan a otros partidos que con los que afectan al PP», ha recalcado hoy Ramis, quien ha añadido que está seguro de que así será.
En este sentido, el secretario general ha añadido que el PP no puede pensar «que hay dos varas de medir distintas» por parte de la Fiscalía.
