El Grupo Parlamentario Popular registró este lunes en la Mesa del Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre la relación del presidente de la Cámara Baja, José Bono, y el constructor Francisco Hernando, más conocido como el ‘Pocero’, en cuanto a las actuaciones llevadas a cabo en el PAZ ‘El Quiñón’ de Seseña (Toledo), así como las presuntas irregularidades en la contratación irregular de trabajadores en la Hípica Almenara, propiedad del ex presidente de Castilla-La Mancha.
Tal y como anticipó por la mañana la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el PP presentó esta tarde una batería de preguntas por escrito formuladas por los diputados Rafael Hernando, Carlos Floriano y Vicente Ferrer relativas a las informaciones aparecidas hoy en la prensa en las que se achaca a Bono «negligencia» ante el ‘Pocero’ y sobre la supuesta contratación irregular de inmigrantes en la hípica Almenara.
En cuanto a su relación con las actuaciones urbanísticas en el PAU ‘El Quiñón’ de Seseña, el diputado Carlos Floriano se interesó por la «depuración de responsabilidades» que el Gobierno tiene previstas tras las irregularidades en las mismas relativas al rebasamiento del caudal asignado a la localidad y la reducción «sin autorización y sin respetar el procedimiento administrativo» la extensión de las zonas verdes establecidas en el PAU.
En la misma línea, el diputado por Valencia Vicente Ferrer preguntó al Ejecutivo si la Fiscalía General del Estado tiene previsto investigar «la supuesta connivencia» entre el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Bono y el Ayuntamiento de Seseña dirigido por José Luis Martín para la aprobación de este PAU.
Cuestionó igualmente por si la Fiscalía impulsará alguna investigación sobre la «supuesta incompatibilidad que representa que los arquitectos municipales de Seseña valorarán conjuntamente el proyecto junto al promotor» así como la «pasividad» de la Junta de Castilla-La Mancha «por no haber ejercido sus competencias de ordenación, control, inspección, sanción e intervención» en relación a la aprobación de este PAU.
En relación a este mismo tema, Ferrer se interesó además por la valoración que el Gobierno hace del «retraso injustificado» en la tramitación de la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas irregularidades en la aprobación de este proyecto urbanístico y «la falta de diligencia que sigue observando en la instrucción del caso».
HIPICA AMENARA
También en relación con el presidente del Congreso, el diputado popular Rafael Hernando preguntó al Ejecutivo si tiene constancia de que la Delegación de Gobierno en Toledo «haya puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo la posible contratación irregular de trabajadores en la Hípica Almenara», propiedad de Bono.
Se interesó igualmente por si la Inspección de Trabajo ha iniciado las «oportunas diligencias en relación con las personas extranjeras contratadas de forma irregular» y si tiene «indicios fundados que permitan presumir una responsabilidad» de la hípica «por la contratación de trabajadores de forma irregular».
Por último, el diputado Carlos Floriano cuestionó al Ejecutivo por los motivos «que justificaron» que la Confederación Hidrográfica del Tajo «otorgara en 2007 una concesión de aguas para el Club Hípica Amenara que supuso un aumento de 15.000 metros cúbicos a más de 100.000 en la actualidad».
