La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, opina que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está «tan vivo como fracasado», por lo que le considera incapaz de «sacar al país de este atolladero» de «inestabilidad política y quiebra económica».
En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso al término del Debate sobre el estado de la Nación, Díez ha señalado a Zapatero como el «responsable» de la situación en que se encuentra el país, lo que ha hecho que, a su juicio, haya perdido «todo el crédito que tenía».
Para la diputada, el jefe del Ejecutivo ha llevado a España a una «inestabilidad política» en medio de una situación de crisis económica en la que «lo mejor que podrá ocurrir» en los próximos meses es que haya un «tímido» crecimiento «y no se recupere empleo».
Aunque ha dicho no saber «cuánto tiempo» le queda a Zapatero como presidente del Gobierno, Díez ha augurado que ese tiempo será «de fracaso para España» porque el jefe del Ejecutivo ha sido el que «menos ha hecho por el crédito de España, no sólo el económico, sino el político».
En su opinión, Zapatero no ha tomado las medidas adecuadas para luchar contra la crisis, sino que su intención ha sido «tapar el agujero del déficit que su política de despilfarro ha creado durante estos dos últimos años en los que no tomó ninguna decisión para enfrentarse con la situación económica».
SIGUE CON LA «POLITICA DE NEGACIONISMO»
De hecho, la diputada de UPyD ha afirmado que el presidente del Gobierno sigue practicando una «política de negacionismo» de la crisis, lo que le ha recordado al «chiste en el que el león convoca a todos los animales de la selva para echarles una bronca porque hay un animal verde que vive en el agua y no les deja dormir con los ruidos, y entonces dice la rana ‘madre mía la que le está cayendo al cocodrilo'».
Así pues, Díez considera que Zapatero es presidente de un Gobierno cuya política «ha fracasado» y es también responsable de «abanderar el desacato, el incumplimiento de las decisiones de los tribunales», en referencia a su intención de analizar con la Generalitat de Cataluña cómo recuperar «por el cauce constitucionalmente procedente» los aspectos del Estatut que hayan sido anulados por el Tribunal Constitucional por razones de forma.
