El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el ‘caso Gürtel’ en Madrid, ha revelado que sigue investigando en una pieza secreta desglosada del sumario los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas implicadas en la trama corrupta encabezada por Francisco Correa y con ramificaciones en varias administraciones locales del PP.
En dos providencias fechadas el pasado 3 de septiembre, a las que tuvo acceso Europa Press, el juez da por presentados dos escritos de los servicios jurídicos del PSM sobre la petición de imputación de 40 altos cargos del Gobierno regional por su supuesta participación en el amaño de contratos, así como la solicitud de reclamar a la Comunidad y a los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, su facturación entre los años 2000 y 2009 con las empresas que conforman el Grupo Rafael.
En las resoluciones, el magistrado manifiesta que visto el contenido de los escritos presentados, «una vez se cumplimenten determinadas diligencias acordadas en la pieza separada de diligencias pendientes, actualmente declarada secreta, se acordará lo que proceda en relación con las interesadas en dicho escrito».
Estas manifestaciones evidencian que el magistrado sigue investigando en una pieza secreta la supuesta contratación fraudulenta del Gobierno regional, una línea de investigación impulsada por el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, a través de los servicios jurídicos del partido.
El pasado abril, el PSM ya adelantó que si el magistrado admitía esta petición de imputaciones, solicitaría la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pues demostraría que el caso de corrupción «afecta a todo su Gobierno».
FACTURAS IRREGULARES
La solicitud socialista de imputación de más de 40 cargos se sustenta en la implicación de éstos en un delito de prevaricación de funcionarios públicos, en relación a su participación necesaria en la autorización del pago de facturas irregulares por actos organizados por las empresas de Francisco Correa para las diferentes consejerías de la Administración regional entre 2004 y 2007.
La petición se incluía en el escrito presentado por el abogado del PSM en el que se concreta la lista definitiva de imputaciones, a tenor del análisis de 367 expedientes que constan en el sumario de la trama de corrupción, facilitados por la propia Comunidad a instancias del juez.
Además, se reclama que declaren en calidad de testigos otras dieciocho personas relacionadas con el Gobierno regional. Entre otros, se solicita la imputación del actual Defensor del Menor Arturo Canalda; el concejal Alvaro Ballarín; el entonces director general de Deportes, Antonio Garde; directora general de la Mujer, Patricia Flores; el director general de Promoción Deportiva, José Ramón Lete; o María José Pérez Cejuela, que también ocupó el cargo de directora general de la Mujer.
VIA LIBRE AL TROCEAMIENTO DE FACTURAS
Según el documento, se trata de personas de la Comunidad de Madrid que autorizaron o consistieron con su firma un fraccionamiento de las facturas de los actos organizados por diferentes consejerías a sabiendas de la ilicitud de su conducta.
El PSM señala en el escrito que la práctica ilegal a la que aluden consistía, en esencia, en el encargo por parte de los órganos de contratación administrativa a las empresas Diseño Asimétrico SL., Good&Better SL., Easy Concept Comunicación SL. y Servimadrid SL. de diversos actos de protocolo o representación, «buscando para justificar la contratación de procedimientos ilegales tendentes a conseguir que la contratación por cada una de las facturas no superase los límites permitidos a los denominados contratos menores de servicios».
«Esas mismas empresas son las que habrían abonado, siempre presuntamente, determinadas cantidades de dinero a cargos de la Comunidad de Madrid, ya imputados en el presente sumario», recoge el documento.
Por ejemplo, cita en este punto al ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y al ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente, quienes presuntamente «habrían recibido cantidades de dinero de estas empresas, en pago por las adjudicaciones realizadas de esta manera totalmente contraria a derecho».
FACTURACION DEL GRUPO RAFAEL
Por otro lado, el juez deberá decidir si investiga al Grupo Rafael y si reclama la facturación de esta empresa. El documento del PSM señala que la «importante facturación cruzada» detectada por los informes de la policía judicial entre las empresas del Grupo Correa y las del Grupo Rafael, así como la de éstas con la administración regional y locales, tendría un objetivo de ocultación.
En concreto, su fin sería «ocultar la identidad» de las empresas del Grupo Correa a través del «ardid» consistente en que las empresas del Grupo Rafael hubieran actuado como «‘pantalla’ para eludir los límites de la contratación con Administraciones Públicas, realizando en definitiva las empresas del Grupo Rafael la contratación y facturación por los actos, pero siendo materialmente realizados y facturados por las empresas de Correa, que de nuevo, y de esta forma absolutamente ilegal, con el conocimiento de autoridades de esas Administraciones, habrían resultado beneficiadas».
Se da la circunstancia –recalca la petición de diligencias– de que algunas de estas empresas han sido tradicionalmente proveedoras de las empresas del Grupo Correa, para actos realizados por éstas en la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, entre otros, tal como se desprende de la contabilidad de Easy Concept, SL que se encuentra en los autos.
Se trata de las empresas Tecnimagen Rafael, SL., Fotomecánica Rafael, SA, Fotomecánica Doble M, SL, dedicadas a la «Actividades anexas de Artes Gráficas» y Kilda Producciones SL, centrada en » Alquiler locales industriales».
Por ello, carece de explicación que las empresas del Grupo Rafael hayan facturado directamente a la Comunidad de Madrid y demás organismos y que posteriormente, hayan abonado a su vez facturas a empresas de las empresas de Correa, tal y como se desprende de la información aportada por la AEGT.
TESTIMONIOS
De todo ello, señala, existen testimonios tanto de imputados como Isabel López Jordán, como documentos (en forma de cruce de correos electrónicos), que indican que un asesor de la Viceconsejería de Vicepresidencia, cuyo titular era Alberto López Viejo, llamado Pedro Rodríguez Pendás, era con quien las empresas del denominado Grupo Rafael mantenían contactos con la Administración de la Comunidad de Madrid.
Por esta razón, los abogados del PSM han reclamado a Pedreira que cite a declarar como testigo a Rodríguez Pendás. Además de solicitar la facturación comprendida entre los años 2000 y 2009, pidió que para el caso de los contratos menores se aporten las facturas; y que para los que la adjudicación sea negociada sin publicidad, el expediente de contratación completo (pliegos, cartas de invitación, ofertas recibidas, valoración de ofertas, etc).
Asimismo, para los procedimientos de contratación abiertos y en caso de que la forma de adjudicación fuera concurso o subasta, reclamó que se remita toda la documentación preparatoria del expediente y, de forma especial, las ofertas económicas y técnicas recibidas, los acuerdos de los órganos colegiados, las actas de recepción de la obra o servicio y los justificantes económicos de la operación.
