PP, CiU, IU-ICV y Mixto presentan enmiendas a la totalidad de la ley de economía sostenible

PP, CiU, IU-ICV y Mixto presentan enmiendas a la totalidad de la ley de economía sostenible
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE/Archivo

PP, CiU, IU-ICV y el Grupo Mixto presentaron hoy, por separado, sus enmiendas a la totalidad (de devolución) al proyecto de ley de Economía Sostenible del Gobierno.

El motivo de la del PP es que el Gobierno puede usar esta norma para «tapar nuevas figuras impositivas», según ha explicado la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría.

El PP teme que la ley se vaya a convertir «simplemente en una ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado», cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la presentó como el instrumento clave para cambiar el modelo productivo.

CiU pide que se devuelva al Gobierno porque el proyecto de ley se basa en supuestos «poco aceptables», ha explicado el portavoz de este partido en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida.

Para Lleida el texto del Ejecutivo es «un conjunto de enunciados de buenas intenciones» que nada tiene que ver con la realidad y mucho menos con el contexto de crisis actual.

IU-ICV también ha presentado una enmienda a la totalidad, que no ha suscrito su socio de grupo parlamentario (ERC), porque lo que plantea el Gobierno carece de planteamientos «de calado» y mantiene el actual modelo productivo, lo que lo convierte en un «cajón de sastre».

Para estos dos partidos lo que pretende aprobar el Gobierno es «un proyecto de micromedidas», con el que «no se atreve a adentrarse en ninguno de los aspectos que podrían permitir poder encarar con mínimas garantías una crisis que afecta a un patrón de crecimiento».

La cuarta enmienda la firma el Grupo Mixto, a iniciativa del BNG, porque el texto es «decepcionante» e incluye un conjunto de medidas «inconexas y faltas de ambición necesarias» para cambiar el modelo productivo.

Las enmiendas deberán ser llevadas al Pleno del Congreso de los Diputados, que decidirá si son aceptadas o rechazadas.

En el caso de que alguna de ellas saliera adelante el Gobierno debería presentar un nuevo proyecto de ley.

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