PSOE, PP, CiU y PNV presentaron hoy en el Congreso de los Diputados el acuerdo que han alcanzado en la subcomisión que lleva dos años estudiando la reforma electoral, y que supone medidas para reducir los gastos de las campañas electorales, obstáculos para que salgan adelante las mociones de censura apoyadas por tránsfugas, la reforma de la papeleta para el voto del Senado y la posibilidad de que los residentes ausentes voten en urna en los consulados, entre otras medidas.
Quedan insatisfechas las peticiones de IU, que pretendía introducir cambios que mejoraran la proporcionalidad de la representación parlamentaria, porque ello supondría una reforma de la Constitución que ninguno de los grupor firmantes quería abordar.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Txiki Benegas (PSOE), José Antonio Bermúdez de Castro (PP) y Jordi Xuclá (CIU). Aitor Esteban, del PNV, no pudo acudir a la cita informativa por problemas de agenda.
Todos ellos elogiaron el hecho de que esta reforma haya salido adelante por «amplio consenso» y destacaron que los más de 70 cambios introducidos no implican reforma alguna de la Carta Magna.
En esta subcomisión también se ha pactado otra proposición de ley, esta vez con el único acuerdo del PSOE y el PP, para impedir que Batasuna y sus secuelas puedan presentarse a las elecciones municipales.
Ambas proposiciones se intentarán tramitar, según dijo Benegas, por el procedimiento de urgencia para que puedan ser debatidas en Pleno la próxima semana.
La introducción en el orden del día de esta reforma tendría que ser aprobada en Junta de Portavoces por unanimidad. De ser así, se debatiría antes de finales de octubre y después pasaría el trámite en comisión y del Senado, con el objetivo de que esté aprobada antes de que acabe el año.
Entre los aspectos más destacados de esta reforma se encuentra el establecimiento de un mecanismo para que los residentes ausentes puedan votar en urna en los consulados de España en el extranjero. Los emigrantes podrán depositar su voto durante los tres dias anteriores a la celebración de la consulta electoral en territorio nacional y lo harán en las elecciones europeas, generales y autonómicas.
Otra de las medidas más destacadas es la que aumentar el número de apoyos con los que deberá contar una moción de censura municipal para que salga adelante. El objetivo de esta reforma es impedir que se puedan cambiar alcaldes con la ayuda de tránsfugas.
Bermúdez de Castro aseguró que será una medida muy positiva que impediría casos como el de Benidorm y el de «cientos de municipios más» donde no se ha respetado la voluntad popular por la influencia de posibles tránsfugas.
Se ha acordado también limitar las campañas de publicidad institucional en período preelectoral, exigir a las televisiones públicas que respeten los criterios de proporcionalidad en la publicidad de los partidos antes de los comicios, limitar la publicidad exterior al período de campaña electoral oficial y reducir el límite de gasto en publicidad de los partidos.
No se ha podido llegar a acuerdo sobre la posible sustitución de los diputados que tengan baja maternal o de larga duración porque eso requeriría una reforma de la Constitución, que ninguno quiere abordar. No obstante, han acordado abordar la regulación de estas sustituciones en el Reglamento del Congreso.
Ese es el mismo argumento que han dado a IU para no atender ninguna de sus peticiones para mejorar la proporcionalidad. Benegas justificó así la negativa a ampliar el número de diputados a 400 o de dejar la bolsa de esos 50 nuevos parlamentarios para asignar por restos. En ambos casos, dijo, el porcentaje de representación resultantes sería similar al actual y resultaría difícil de justificar un aumento del número de diputados en un escenario de crisis económica.
