El PSOE, dispuesto a eliminar la Comisión de Igualdad del Congreso tras la eliminación del departamento de Aído

El PSOE se muestra partidario de suprimir las comisiones parlamentarias de Igualdad y Vivienda después de que la remodelación decidida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya supuesto la eliminación de los departamentos que hasta ayer dirigían Bibiana Aído y Beatriz Corredor, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.

Esta medida, que obligaría a modificar el Reglamento del Congreso, supondría reajustar las comisiones parlamentarias a la nueva estructura del Ejecutivo, con lo que el grupo que capitanea José Antonio Alonso están valorando presentar pronto una propuesta en este sentido.

Los socialistas consideran que, tras los cambios efectuados este miércoles por Zapatero en su Gabinete de Ministros, resulta lógico que las competencias sobre vivienda e igualdad pasen a tratarse en las comisiones de Fomento y Sanidad y Política Social respectivamente, pues van a ser Secretarías de Estado de esos Ministerios.

Desde el PSOE no piensan que este reajuste debiera traer «ningún problema» por parte del resto de grupos parlamentarios, pues ésta no sería la primera vez que la Cámara Baja adecua su estructura con el organigrama del Ejecutivo.

CIU PERDERIA UNA DE LAS DOS PRESIDENCIAS

Al inicio de cada legislatura, las comisiones parlamentarias se crean en función del esquema gubernamental. La última vez que hubo el Congreso hizo reajustes fue en primavera de 2009, cuando se inauguró el Ministerio de Política Territorial y se suprimió el de Administraciones Públicas, que llevaba los asuntos de Función Pública.

El PP aún no ha hecho ninguna valoración sobre una posible reestructuración de esos órganos y desde CiU no piensan que sea necesaria realizarla ya que, según argumentan a Europa Press fuentes de la coalición nacionalista catalana, la Cámara Baja cuenta con otras comisiones que no se mimetizan con la estructura del Gobierno, como, por ejemplo, la de Cooperación al Desarrollo o la de Seguridad Vial. «No ha de subordinarse el Ejecutivo al Legislativo», apuntan.

Además, subrayan que las comisiones de Fomento y de Sanidad y Política están lo suficientemente «cargadas» de iniciativas como para que ahora, además, asuman nuevos asuntos. Y en todo caso, advierten de que cualquier cambio en el organigrama del Congreso ha de contar con el consenso de los grupos parlamentarios.

Y es que una posible reestructuración de las comisiones parlamentarias traería consigo que los nacionalistas catalanes, que ya han roto en dos ocasiones el acuerdo de no dejar a minoría al PSOE en la Mesa de la Cámara Baja, perdieran la Presidencia de la Comisión de Vivienda, que ostenta Pere Macías, con lo que sólo les quedaría la de la de Asuntos Exteriores y Cooperación, que preside el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.

El PNV, al igual que el PSOE, también se muestra partidario de adecuar completamente las comisiones parlamentarios al nuevo organigrama del Gobierno, según informaron fuentes de la formación nacionalista. «Es lo lógico», proclaman.

EL AHORRO EN CIFRAS

Una eventual supresión de las citadas comisiones parlamentarias iría en concordancia con las medidas de ahorro que el Congreso ha ido tomando para ahorrar costes. En concreto, supondría un ahorro de más de 20.000 euros mensuales.

En concreto, los presidentes de comisión perciben un plus mensual por gastos de representación que asciende a 1.431 euros, el que reciben cada uno de los dos vicepresidentes está cifrado en 1.046 euros, mientras que los dos secretarios de estos órganos se embolsan 697 euros cada uno. Es decir, la supresión de dos mesas de comisión supondría un ahorro de 9.834 euros.

Por su parte, los portavoces de comisión de cada uno de los grupos parlamentarios cobran un plus de 1.046 euros, que multiplicada por los seis que hay en cada uno de estos órganos suman 12.552 euros. A estas cantidades habría que añadir los 697 euros que perciben cada uno de los portavoces adjuntos.

El asunto se podría plantear en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde se pedirá un estudio jurídico, y después se sondeará a la Junta de Portavoces, ya que todo ello deberá plasmarse en una modificación puntual del Reglamento del Congreso.

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