El Congreso pide más restricciones en la venta de material antidisturbios como el que adquiere Venezuela

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad una resolución por la que solicita al Gobierno que aplique un criterio «más restrictivo» en la venta de material antidisturbios y de uso policial, como el que se exporta a Venezuela. En concreto, plantea que se considere «la situación de los derechos humanos y la naturaleza democrática del país importador» con el objetivo de evitar transferencias de este tipo a «algunos países que sufren un deterioro democrático evidente».

Esta es una de las peticiones incluidas en el texto de consenso acordado por todos los grupos parlamentarios en respuesta al informe sobre la venta de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el año 2009 elaborado por el Gobierno.

Durante su intervención en la Comisión, todos los portavoces han coincidido en celebrar que la propuesta de acuerdo, presentada por el Grupo Socialista, recoja la gran mayoría de peticiones del resto de partidos y las reúna en un texto «muy positivo» con el que seguir avanzando en el control a la venta de material de defensa y de doble uso. El diputado del Grupo Parlamentario Popular Ignacio Cosidó ha agradecido expresamente la «generosidad» los socialistas al recoger «todas» sus propuestas.

Además, los diputados se han felicitado por la «transparencia» que España tiene en esta materia y han subrayado que los últimos informes recogen las recomendaciones que la Comisión ha ido haciendo en los últimos años para poder seguir avanzando en «un control más eficaz». El diputado socialista Celestino Suárez ha destacado la relevancia de estos informes, ya que «en muy pocos países del mundo los Gobiernos remiten documentos de estas características a sus parlamentos».

Entre las propuestas que recoge el texto de consenso, tanto la diputada de CiU Maria Concepcio Tarruella, como el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, han destacado la que pide al Ejecutivo criterios más restrictivos en la venta de material antidisturbios.

Según explicó el pasado mes de junio en la Cámara Baja la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, al presentar el informe sobre la venta de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, las exportaciones de este sector a Venezuela consisten «básicamente en material antidisturbios». En concreto, las cifró en el «importe no sustancial» de 841.000 euros y aseguró que su destino eran «las fuerzas armadas y policiales».

Iranzo insistió en que se trata un material «del que disponen todos los países del mundo, los más democráticos y los menos democráticos» y aseguró que hasta donde el Ejecutivo sabe «esta exportación no ha sido utilizada y no va a ser utilizada con fines de represión interna del Gobierno venezolano».

ATENCION A «DESTINOS PREOCUPANTES»

El acuerdo alcanzado por la Comisión de Defensa también incluye una petición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para que deniegue las operaciones de venta de material de defensa, seguridad y doble uso a «destinos preocupantes». Sugiere que estas negativas se hagan «con carácter preventivo», lo que conllevaría «analizar caso a caso cada propuesta de operación, teniendo en cuenta la situación del país de destino de acuerdo a informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, así como su evolución.

Además de las propuestas referidas, el texto incluye otras peticiones que, entre otros aspectos, se refieren a la introducción de criterios de verificación y seguimiento «más restrictivos» que los aplicados actualmente por el Gobierno para evitar que el material de doble uso llegue a «importadores de los que exista fundada sospecha que están embarcados en la fabricación clandestina de armas NBQ».

Entre los receptores de material de doble uso exportado por España se encuentra Irán, aunque, según explicó la secretaria de Estado de Comercio, se ha «comprobado ampliamente» que los envíos a la República islámica –tubos de acero y válvulas para las industrias del automóvil, petrolífera y del gas, así como repuestos, herramientas y accesorios de turbinas para estos sectores– han tenido un uso civil.

Igualmente, se solicita la verificación de la situación de los países de destino de estas exportaciones y suspender las autorizaciones de venta concedidas pero no realizadas cuando la situación sobre el terreno se agrave y existan riesgos que se puedan utilizar para violar los derechos humanos.

También pide que se concrete y detalle en mayor medida en futuros informes el destino y uso final del material exportado bajo la denominación de ‘armas de caza, deportivas y municiones’, dada la «amplia y significativa diferencia que pueda existir entre los diferentes tipos de armas y calibres encuadrados en este apartado».

En otro punto aceptado por todos los grupos, se pide que se revisen y mejoren los instrumentos de aplicación y de intercambio de información sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infringir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

NO SE HARA «LISTA» DE PAISES

También abogan por que se restrinjan o veten, según se considere oportuno, el comercio de material de defensa y doble uso con «aquellos países en riesgo de involución democrática o sin controles democráticos».

Sin embargo, el texto acordado finalmente no incluye una petición que contenía el borrador, recogido por Europa Press, en la que se incluía la posibilidad de que la Comisión de Defensa elabore una «lista» de países que, a su juicio, no reuniesen los estándares adecuados para el libre comercio de estos materiales y que pudiera servir a las autoridades españolas de control como un instrumento adicional para la valoración de las operaciones de exportación.

Sí han apoyado unánimemente solicitar al Ejecutivo que, ante la actual situación económica y la urgencia en el recorte de gastos, se «racionalice y optimice el sistema de reuniones, encuentros y seminarios de las diferentes administraciones, organizaciones y observatorios de los que España forma parte, en base a criterios de priorización y austeridad».

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