La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, recordó este martes que la Constitución establece la autonomía financiera de las comunidades autónomas y, por lo tanto, son éstas las que han de decidir cuáles son sus ingresos y sus gastos.
De este modo respondió al senador del PP José Manuel Barreiro, que le preguntó en el Pleno del Senado si el Gobierno está de acuerdo con el Banco de España en la necesidad de establecer techos de gasto para todas las administraciones públicas.
Salgado admitió estar de acuerdo con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en que «si las comunidades quieren establecer sus propios techos de gasto, ésta será sin duda una herramienta útil».
Sin embargo, dejó claro que «la autonomía financiera de las comunidades autónomas está recogida en la Constitución» y, por lo tanto, «serán ellas las que decidan cuáles son sus ingresos y sus gastos», siempre dentro de su obligación de cumplir con el objetivo de déficit. Un objetivo que ahora, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se negocia en el marco bilateral y después se aprueba por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera). «Eso es exactamente lo que hemos hecho», sostuvo la ministra.
A juicio de Salgado, la actitud del PP pone de manifiesto que «a ustedes no les gustan las comunidades autónomas», como tampoco «los funcionarios y que los servicios sean prestados por el sector público».
Además, la ministra criticó las «incoherencias» del Partido Popular allí donde gobierna. En este sentido, y tras poner como ejemplo la «austeridad» y los recortes de gasto llevados a cabo por la Junta de Andalucía (donde gobierna el PSOE), aludió a Galicia (gobernada por el PP), donde se han disminuido los ingresos, a través de bajadas de impuestos, pero a cambio se reclaman más fondos al Estado para sus políticas.
«Traten de implantar lo que dicen en las comunidades donde gobiernan», dijo Salgado. «Sería estupendo que el ayuntamiento de Madrid o el de Valencia limitaran su gasto y su endeudamiento; díganselo» en lugar de traer propuestas «que no tienen ningún viso de adaptarse a la Constitución», concluyó.
