El Grupo Parlamentario Popular, a través del senador Manuel Blasco Marqués, ha arremetido contra la gestión de Marcelino Iglesias al frente de la Junta de Aragón, basado en el informe del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios de 2004 y 2005 en la Comunidad Autónoma, presentado hoy en una Comisión Mixta celebrada en el Senado.
El informe señala limitaciones en indicadores, carencia de inventarios, subvenciones otorgadas «sin convocatoria específica», «falta de rendición de cuentas» en empresas públicas, y en general, faltas de información, calificadas por el Tribunal como «irregularidades» en los ejercicios de 2004 y 2005 que espera que sean subsanadas.
Blanco ha matizado que la situación descrita por el informe «adquiere más significado cuando se tiene en cuenta que el máximo responsable de esta comunidad a partir de ahora es el secretario de organización de un partido que está en el Gobierno», en alusión a Marcelino Iglesias.
También ha querido destacar que «muchas de las irregularidades se cometieron en tiempo y departamentos entonces gestionados por la hoy futura candidata del PSOE a la Comunidad de Aragón», en referencia a Eva Almunia.
Blasco ha apuntado que el informe demuestra que Aragón es una «comunidad mal gestionada» y «peor organizada porque se demuestra en las numerosas deficiencias en la organización contable». Asimismo, ha denunciado «la carencia de justificación de la multiplicidad de entes».
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión, Angel Luis Lacueva, ha señalado que el Gobierno aragonés está cumpliendo ya las recomendaciones del informe fiscalizador, y que los datos presentados han ayudado a la Junta a perseguir la excelencia. Sin embargo, para los ‘populares’, la situación de 2004 y 2005 no difiere de la actual, que según han manifestado, «es peor».
POSIBLES RESPONSABILIDADES CONTABLES Y PENALES
«Falta transparencia», ha denunciado el senador Blasco, que ha preguntado al presidente del Tribunal, Manuel Núñez Pérez, si el pleno del organismo ha contemplado responsabilidades contables o penales a las irregularidades del Gobierno regional evidenciadas en el informe.
El presidente del Tribunal ha respondido que el informe ha sido sometido a consideración del Ministerio Fiscal, el cual, según ha indicado, «ha solicitado la remisión de todos los antecedentes a la sección de enjuiciamiento en relación con diferentes actuaciones en las que apreció la posible existencia de responsabilidades contables».
Asimismo, la fiscalía solicitó el testimonio de diferentes particulares «relacionados con contratos para poder instar la exigencia de la posible responsabilidad penal en la jurisdicción pertiente».
Por último, el presidente ha asegurado que «según la información aportada por la sección de enjuiciamiento, en relación con la responsabilidad contable, se han abierto simplemente diligencias preliminares». «De momento sólo podemos hablar de la posible existencia de estas responsabilidades», ha concluido.
