El vicepresidente de Zapatero calificó de «basura», «mentiras», «miseria», y «manipulación» lo que se publicaba en los medios de comunicación
Ya era hora. Tras muchos meses, durante los que se instaló en la ciudadanía española la perturbadora idea de que los jerarcas del PSOE eran intocables judicialmente y se aplicaban sistemáticamente dos varas de medir a la hora de juzgar comportamientos turbios de líderes políticos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprieta las tuercas al vicepresidente Manuel Chaves.
A él y José Antonio Griñán, su sucesor como presidente de la Junta de Andalucía. El TSJA anula, por «arbitraria e injustificada», la decisión de Griñán de no sancionar a Chaves por haber incumplido la Ley de Incompatibilidades al conceder una subvención a la empresa en la que trabajaba su hija Paula.
Como argumentaba el PP en el recurso que presentó en su día, los jueces estiman que debería haber abierto expediente a Chaves, por no inhibirse en la concesión de una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (MATSA) pese a que su hija era la apoderada de la compañía.
El colmo es que fue la propia Paula Chaves Iborra, hija del entonces presidente de la Junta, quien como abogado firmó la aceptación de la millonaria ayuda ratificada por su padre.
En junio de 2009, cuando se descubrió el ‘pastel‘, el vicepresidente de Zapatero calificó de «basura», «mentiras», «miseria», y «manipulación» lo que se publicaba en los medios de comunicación.
Ahora, los jueces califican de «arbitrario e injustificado» el acuerdo con el que la Junta quiso dar carpetazo al asunto, consideran que ha vulnerado el reglamento de potestad sancionadora e ignorado «los principios de los artículos 103.1 y 9.3» de la Constitución.
Sin entrar en el fondo del asunto, el tribunal critica con dureza la actuación del Gobierno andaluz por no llevar a cabo «investigación alguna» de los hechos -preguntando a Chaves si conocía el papel de su hija en la empresa o pidiendo información a MATSA- y censura el informe jurídico con el que se cerró el expediente.
Los jueces rechazan el argumento de la Junta de que «la administración no podía ni debía conocer la participación de Paula Chaves en MATSA» y aseguran que lo que la Junta tenía que averiguar era si el padre de Paula Chaves conocía la relación de su hija con la empresa cuando presidió el Consejo de Gobierno que le dio la subvención.
La sentencia tendrá consecuencias, tanto para Manuel Chaves, a quien se tendrá que abrir un expediente sancionador por incumplir la Ley de Incompatibilidades, como para José Antonio Griñán, que tomó una decisión «arbitraria e injustificada» con el único fin de exculpar y encubrir la presunta conducta irregular de su antecesor y ahora vicepresidente del Gobierno.
Chaves y Griñán tienen que asumir las responsabilidades políticas de la conducta descrita por el tribunal. Si fueran coherentes y los socialistas se aplicasen la misma medicina que pide siempre para otros, deberían presentar su dimisión.
El vicepresidente porque se expone a una sanción de tres a 10 años de inhabilitación para cargo público en Andalucía y su sucesor por encubrir un abuso que refleja de forma perfecta esa concepción patrimonial del poder que ha caracterizado la gestión del PSOE andaluz durante 30 años.