El Pleno del Congreso ha dado verde definitiva a la reforma de la ley electoral suscrita por PSOE y PP para taponar a Batasuna y sus herederos todas las vías de acceso a las instituciones democráticas. Como ha ocurrido a lo largo de la tramitación, la unión de PSOE y PP, apoyados por UPyD, CC y UPN, ha sacado adelante unos cambios que han vuelto a contar con el voto en contra de PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai, mientras que CiU se ha abstenido.
El texto llegaba a la Cámara Baja después de haber superado todos los trámites necesarios en el Senado, donde se introdujo una enmienda que modifica el Código Penal para habilitar la posibilidad de que los jueces decreten el cierre de las denominadas ‘herriko tabernas’ como medida cautelar en el curso de investigaciones relacionadas con grupos terroristas o criminales.
Pese a que la idea inicial era que la iniciativa saliera del Senado sin ninguna modificación a lo aprobado en primera instancia por el Congreso, socialistas y ‘populares’ acordaron introducir como enmienda una modificación del Código Penal para que los jueces puedan aplicar a estos supuestos medidas cautelares, como el cierre de locales, que están previstas para las personas jurídicas tras la última reforma legislativa.
Esta modificación obligó a que la proposición de ley tuviera que volver a la Cámara Baja para su ratificación, retrasando unos días la publicación de la reforma electoral en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque con margen suficiente para que dé tiempo a su entrada en vigor antes de la convocatoria de las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo.
MAS PLAZOS PARA IMPUGNAR
Esta reforma electoral impulsada por PSOE y PP, tramitada en paralelo con la revisión global de la LOREG que sí contó con la firma de los nacionalistas catalanes y vascos, se basa en ampliar los plazos para impugnar candidaturas, que estaban muy tasados, habida cuenta de Batasuna y sus marcas sucesoras aprovechaban que caducaba el plazo para desvelar sus intenciones y anunciar cuál era su apuesta para las elecciones.
Además, contempla que, en el supuesto de que la apuesta de Batasuna no se desvele hasta el mismo día de las elecciones, el texto amplía también el plazo para recurrir la proclamación de electos con el fin de evitar al menos que éstos puedan llegar a tomar posesión de sus cargos.
Asimismo, se introducen unos cambios legales para impedir que los sucesores de Batasuna permanezcan en sus escaños después de que se ilegalice la marca con la que se presentaron, atribuyéndoles una incompatibilidad sobrevenida que podrán salvar si hay una renuncia expresa de las causas que motivaron la ilegalización de esa formación.
A esta proposición de ley se añadió en el Congreso una enmienda acordada también por PSOE y PP para extender a las agrupaciones de electores las nuevas medidas contempladas en esta reforma de la LOREG, un asunto que había quedado pendiente de cerrar y que ambas formaciones sellaron hace unas semanas.
También se incluyó otra de UPyD para impedir que se presenten a las elecciones los condenados a inhabilitación, aunque no sea por sentencia firme «por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal».
REFORMA DEL CODIGO PENAL «CON SORDINA»
En este último debate parlamentario sobre la reforma, el portavoz de ERC, Joan Ridao, criticó que se haya aprovechado el trámite parlamentario del Senado para modificar el Código Penal vía enmienda de última hora, «con sordina» y sin el necesario debate.
Lo mismo denunció el ponente del PNV, Aitor Esteban, quien reiteró su rechazo a la Ley de Partidos que da origen a esta reforma electoral y cuya gestión ve «sospechosa». De hecho, se mostró convencido de que, pese a todo, en mayo habrá listas de la izquierda abertzale en algunos sitios por el interés partidista de los mayoritarios.
«El Estado de Derecho no quiere dejar ninguna rendija a los terroristas porque cada vez que nos hemos fortalecido, ellos se han debilitado», le replicó el socialista Antonio Hernando, para quien «la democracia ha ganado la lucha por la libertad».
El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, insistió en que los demócratas no pueden admitir chantajes y dijo confiar en que el Gobierno sea fiel a sus compromisos y evite que ETA pueda situar su brazo político en las instituciones: «ETA está derrotada, lo sabe y sólo queda el último tramo: su derrota final, que vendrá de la mano del Estado de Derecho», zanjó.
