El PNV ha presentado una iniciativa en el Parlamento vasco en la que insta a los gobiernos central y vasco a «reforzar las garantías para el respeto a los derechos de las personas detenidas en régimen de incomunicación». Además, la formación nacionalista ha reiterado su apuesta por «acabar con esta excepcionalidad» ya que la incomunicación «podría llegar a constituir en sí misma una forma de trato cruel o inhumano».
La proposición, registrada por el parlamentario del PNV Mikel Martínez, plantea que la Cámara adopte un compromiso «activo» y exija que se respeten las garantías contenidas en el informe del Ararteko titulado ‘Estudio sobre el sistema de garantías en el ámbito de la detención incomunicada y propuestas de mejora’, presentado en enero.
El informe del Ararteko defiende la grabación «sistemática» y desde el primer momento de todos los arrestos que conlleven incomunicación del detenido. Además, incluye propuestas para reforzar el sistema de garantías, puesto que, aunque la detención incomunicada restringe algunos derechos, «no obsta para que los poderes públicos puedan poner en marcha medidas para superar las carencias en la protección de la persona detenida».
Martínez, a través de un comunicado, ha afirmado que «la mayoría social y política vasca es partidaria de eliminar del ordenamiento jurídico el régimen de detención incomunicada». Además, ha pedido que «mientras no se atienda a la voluntad mayoritaria de este pueblo, al menos se respeten las recomendaciones que sobre este tema realiza el Ararteko».
VOLUNTAD «MAYORITARIA»
El representante del PNV pretende que el Parlamento tenga un compromiso «activo» con las propuestas y recomendaciones expresadas en el informe. Martínez ha lamentado que, «aunque la mayoría política y social de Euskal Herria se ha pronunciado a favor de eliminar del ordenamiento jurídico el régimen de detención incomunicada, resulta evidente que esta voluntad mayoritaria no ha obtenido respuesta positiva».
«Todo lo contrario, lejos de ser una medida de aplicación excepcional (la incomunicación), se ha convertido en una medida de aplicación sistemática, sobre todo en lo que hace referencia a las detenciones practicadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional por delitos de naturaleza terrorista», ha añadido.
Frente a «quienes defienden el régimen de detención incomunicada como una herramienta más en contra del terrorismo de ETA», ha manifestado que el PNV siempre ha sido partidario de «acabar con esta excepcionalidad», al entender que la incomunicación «podría llegar a constituir en sí misma una forma de trato cruel, inhumano o degradante».
A través de esta iniciativa, el PNV espera que el Parlamento se comprometa «activamente» con las propuestas y recomendaciones expresadas del Ararteko sobre esta materia. Además, la proposición insta al consejero de Interior, Rodolfo Ares, a «incorporar a los protocolos de actuación policial, a lo largo de 2011, estas medidas específicas de prevención» planteadas por el Defensor del Pueblo de Euskadi.
De esa forma, pretende que Interior «refuerce y mejore el sistema de garantías de derechos, ya puesto en marcha por gobiernos anteriores, del régimen de la detención incomunicada y los mecanismos de prevención de malos tratos y tortura».
Estos mecanismos deben incidir, según el PNV, en materias como la grabación audiovisual de la detención, asistencia letrada, los exámenes forenses, comunicación a la familia, prácticas policiales y protocolos de público conocimiento.
El texto insta al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a «aplicar de forma inmediata todas las medidas necesarias para homogeneizar los protocolos de actuación en el ámbito del régimen de detención incomunicada a los que ya se vienen aplicando por parte de la Ertzaintza».
«REALIDAD DISTINTA»
El parlamentario del PNV ha indicado que en el informe del Ararteko se señala que, aunque «el Gobierno español viene negando ante la ONU que la incomunicación se adopte de forma automática», la realidad «es otra bien distinta». «Una realidad que confirman tanto los estudios empíricos referenciados como los datos recabados por las instituciones internacionales en sus visitas, así como nuestra propia experiencia», ha afirmado.
Martínez ha señalado que en la investigación publicada por el Defensor del Pueblo de Euskadi se indica que el 96,3 por ciento de las personas detenidas por delitos de naturaleza terrorista habían sido incomunicadas.
El representante ‘nacionalista’ ha manifestado que, «por todos estos motivos y mientras persista en el ordenamiento jurídico español el régimen de detención incomunicada, es necesario seguir mejorando y reforzando el sistema de garantías de derechos en este ámbito».
